Bernardo Tobar: Simplificar

Atraer inversiones será la prioridad del Gobierno, para generar empleo y crecimiento. Inversión era mala palabra para los ideólogos de Montecristi, tanto que concibieron una Constitución -y todas las leyes secundarias- para ahuyentarla, impregnándola de cabo a rabo con la obsesión estatista. Proclamaron, como socialistas de manual, que el gasto público sería el gran motor de la economía; y lo fue para la suya particular. Hasta que se percataron, ¡oh, sorpresa!, de que las arcas públicas no han sido ilimitadas.

Mientras avanza la reforma constitucional parcial y se modifican algunas leyes críticas, el Gobierno puede hacer mucho con decreto ejecutivo y efecto inmediato. Proyectos ya en curso de los que dependen billones de dólares en inversión están paralizados, como Gulliver, por infinidad de minúsculos amarres burocráticos. Las mal llamadas alianzas público-privadas y los convenios de inversión son un fracaso por el diseño legal. La estructura de la administración pública, que el presidente tiene atribución para modificar, responde al sueño feudal expansivo y parasitario de la burocracia -el cuarto poder, como lo he llamado-, pero resulta una pesadilla para el promotor de cualquier proyecto de inversión. Cada proceso convoca a múltiples agencias, secretarías, ministerios y entidades con agendas dispares y competencias prescindibles, y supone una retahíla de informes, requisitos y condiciones, la mayoría fruto de la incontinencia regulatoria, amén de algunas trampas interpretativas para complicar más las cosas, si cabe. Este laberíntico y tortuoso esquema es el purgatorio previo al paraíso del permiso previo, la licencia o el registro, que existen para casi todo y solo unos pocos logran, y es también el cementerio donde van a morir muchas iniciativas.

Corregir este entuerto kafkiano tomará más que firmar un decreto: poco se logrará con la simplificación normativa si su aplicación continúa en manos de la misma trinca del cuarto poder. El Gobierno debería institucionalizar un defensor del inversionista, con atribuciones decisorias y con la misión de escuchar al sector privado y materializar sus propuestas, porque aquí se legisla de espaldas a los destinatarios de la norma, a los que arriesgan plata y persona en la incierta aventura de hacer empresa y generar empleo. Celebro el anuncio de priorizar la inversión. Ahora lo que interesa es cómo, al detalle.