Con la estafa constitucional de Montecristi se despilfarró la lotería petrolera en un crecimiento demencial del Estado. Por ejemplo, en el período legislativo 2009-2013, los gastos no regulares de la Asamblea Nacional (AN) subieron a $ 53,8M, en comparación con los $ 4,1M del mismo rubro en el período 2017-2021, y el gasto en personal parlamentario ha subido consistentemente hasta $ 185M en el último período mencionado -del estudio En qué gasta nuestro dinero la Asamblea Nacional, auspiciado por el Observatorio de Gasto Público y otras instituciones-. Para hacerse una idea general, la AN es apenas una de 567 entidades que han proliferado como hongos silvestres.

Agotado el festín de las vacas gordas y su legado de corrupción, déficit fiscal e inseguridad, que tardará años en combatirse, se impone la reducción drástica de una institucionalidad pública omnipresente, inoperante y contraproducente. No es solo cuestión de priorizar y cortar gastos. Es, sobre todo, una redefinición de la finalidad de las instituciones, dejando solo entidades y funciones financieramente viables y plenamente justificables atendiendo al bien común. Mucho de esto puede hacerse con decisiones ejecutivas del presidente y alcaldes, sin cambio de leyes. Por ejemplo, la anacrónica tara del permiso previo, que supedita derechos de libertad al beneplácito oficial, implica una montaña de procesos engorrosos, personal e infraestructura que consumen una cordillera de recursos públicos. Lo propio sucede con controles y cargas regulatorias de discutible justificación, pero inobjetable freno al emprendimiento y al desarrollo empresarial, que por algo el Banco Mundial ubica al Ecuador en el tercio de los países con peor índice por facilidad de hacer negocios. Y con policías montando retenes para controlar matrículas y permisos cuando la tecnología podría disparar alertas y multas al detectar vehículos circulando con documentos caducados, reasignando esos agentes a tareas más prioritarias.

Hay que admitir, sin embargo, que los ahorros fiscales de tales medidas se realizarían progresivamente, mientras la guerra contra el terrorismo no puede detenerse un día y precisa sin tardanza de los aportes extraordinarios de todos. Al tiempo que el Gobierno pasa la factura al contribuyente debería, si no cuenta con un plan concreto, por lo menos comprometerse a enfrentar la hipertrofia estatal desde su raíz.