Bernardo Tobar Carrión | Con sed junto a la fuente

En la reciente elección se jugaba la supervivencia del Ecuador. Salvado el paciente, es tiempo de ponerlo a caminar y competir. O volveremos a estar en cuatro años a las puertas del averno.

En materia de seguridad y combate al crimen, hay acciones y reformas legales emprendidas. Son cuestionables y en rigor jurídico, alarmantes; pero debe reconocerse que, con todos sus daños colaterales -las garantías procesales de los justos se menoscaban para golpear a los pecadores-, son pasos concretos.

Todavía se espera, en cambio, el paquete para crear empleo. El discurso inaugural del presidente se enfocó en la inversión pública para generarlo -receta del rancio socialismo antes que de un nuevo Ecuador-, haciendo una tibia referencia al sector privado, cuando lo cierto es que la caja fiscal adolece de un déficit crónico y no da para el gasto corriente, no se diga para financiar el crecimiento.

No se ve, por ejemplo, una iniciativa contra el nefasto modelo estatista en materia de recursos naturales, la fruta madura para atraer inversión. Nada se ha dicho sobre la excepcionalidad de la concesión y la draconiana tajada estatal de al menos el 50 % de los beneficios de la explotación delegada, absurdos que, sumados a la inestabilidad tributaria, inhiben la participación privada y han causado la caída de la producción petrolera desde el 2008, así como la paupérrima tasa de dos proyectos mineros de gran escala inaugurados en el mismo período. El intrincado régimen de alianzas público-privadas es un fracaso; los convenios de inversión, firmados a partir de plantillas que se limitan a copiar inocuos textos de la ley, no añaden seguridad, salvo el arbitraje; los incentivos tributarios están inconstitucionalmente limitados por regulaciones secundarias; muchas autorizaciones administrativas, concebidas para un estado policial, no deberían existir y toman una eternidad. ¿Cómo se van a evitar apagones en 2025 si agotar un proceso precontractual, negociar el contrato principal y firmar un convenio de inversión toma al menos un año y medio, y otro tanto la licencia ambiental, asumiendo tiempos óptimos?

Sin estas reformas no se concretarán inversiones de impacto. Sin embargo, pasar leyes no parece ser el problema, dada la mayoría oficialista en la Asamblea. ¿La demora pasa, acaso, por una cuestión de visión y prioridades? ¿Seguirá el país sentado en la fuente y muriendo de sed?