Bernardo Tobar Carrión | Del discurso a la acción
El Ecuador se muere de sed junto a la fuente porque el Estado de derecho es una caricatura
En la últimas décadas Perú ha recibido en promedio 8,5 veces más inversión extranjera que Ecuador, cuya cifra fue en 2024 de 370 millones, una fracción de los más de 6 billones recibidos por el vecino del sur. La correlación con las cifras de empleo adecuado es clara, 17 % menos que la peruana en dicho año, una de las más bajas desde el cambio de milenio. La producción petrolera, otro indicador clave de la gestión pública, sigue en descenso desde su nacionalización en 2008 y seguirá cayendo. En Perú hay más de 90 operaciones mineras de mediana y gran escala, con 20 explotaciones en esta última categoría. En Ecuador, cuyo potencial minero es comparable o superior, según a quien se pregunte, apenas hay dos concesiones de gran escala en explotación.
El Ecuador se muere de sed junto a la fuente porque el Estado de derecho es una caricatura; porque reforma tributos cada año, con plumazos burocráticos que violentan el principio de legalidad si falta hace; porque ha minado el camino del emprendimiento con un intervencionismo extremo, plagado de permisos previos y cargas regulatorias; porque la rigidez y costo del régimen laboral anulan oportunidades; porque la exclusión del sector privado de los mal llamados sectores estratégicos los tiene en quiebra, salvo para los enchufados al botín, mientras la hipotética delegación excepcional a la iniciativa privada pasa por un laberinto de trámites concebidos para el fracaso, como lo prueban las poquísimas alianzas público-privadas existentes.
Todo deriva de una tóxica y policial concepción del rol de la autoridad, que se agudizó y concretó en leyes durante la larga pesadilla socialista. Esta mentalidad hay que extirparla y deben acometerse las reformas del caso. Pero la bancada oficialista, ignorando el mensaje de la consulta, insiste en el estatuto de los presos y necedades semejantes, como si la agenda nacional estuviera limitada a la seguridad, materia en la que, dicho sea de paso, hay reformas más apremiantes, empezando por la malhadada ley de uso progresivo de la fuerza, que nadie toca a pesar de ser el mayor obstáculo para la acción policial. Y como si pudieran postergarse los cambios normativos para incentivar inversiones, crear fuentes de empleo y eliminar el lastre estatal que asfixia toda iniciativa.
La atracción de inversiones sigue sin pasar de las buenas intenciones a las acciones concretas, varias posibles por decreto.
