Bernardo Tobar Carrión | Alcaldía vacante
Esto no tiene arreglo por las vías normales, con reformas parciales ni con políticos del ‘establishment’
Si la Alcaldía de Quito estuviera vacante en lugar de ocupada por quien logró apenas el 25 % de los votos -así de absurdo es el sistema-, probablemente no se notaría mayor diferencia. Aunque coincido con muchos en que se trata de una de las peores gestiones del municipio capitalino, ni un burgomaestre con luces y arrestos podría hacer mayor cosa dada la estructura y el régimen jurídico seccional.
Se estima que el gobierno de Quito tiene 23.000 empleados y contratistas, sin contar otro tanto de sus empresas públicas, dependiendo a quién se pregunte, y estos números ya venían multiplicándose sin control desde el 2008, cuando los lúcidos socialistas imaginaban que el dinero público florecería como los hongos silvestres. Se trata de una relación en extremo ineficiente entre nómina pública y población, incluso si la comparamos con ciudades prósperas donde los servicios públicos y la infraestructura funcionan, como Toronto, Sídney o Dubái. En Quito el dinero de los contribuyentes se destina en su mayor parte a gasto corriente en lugar de obras y servicios.
Pasa en cada dependencia municipal lo que en un fogón con demasiados cocineros echando mano a la misma receta: el plato llega tarde, mal o nunca. ¿Cuánto demora un simple trámite de fraccionamiento predial, dos años, cinco, quizás algo menos con aceite en el engranaje correcto? ¿Cuánto, un proyecto urbanístico, los permisos de construcción? Y en los proyectos de interés general la cosa no se mueve con más agilidad. Ahí está el Metro, única obra de relevancia en la última década, cuya entrada en operación se enredó en la propia telaraña legal, pues para fabricar normas inconsultas, trámites kafkianos y autorizaciones inútiles sobran cabezas, quizás el efecto más pernicioso de una plantilla mastodóntica entretenida en ampliar sus tentáculos.
Esto no tiene arreglo por las vías normales, con reformas parciales ni con políticos del ‘establishment’, los de la puerta giratoria encamados con los gorrones del presupuesto municipal en una mamandurria descomunal, mangantes que defenderán el ‘statu quo’ con uñas y dientes. Quizás es hora de que las parroquias gravitantes se organicen al margen, bajo un régimen seccional propio que sepulte el modelo estatista, abandone la lógica policial que impregna el sistema de permisos previos y gestione con eficiencia los escasos recursos ciudadanos, pues son éstos quienes pagan la factura.
