Abelardo García Calderón | ¿Y si buscamos una nueva ley?
Convendría pensar si necesitamos dos normas: una para la educación pública y otra para la privada
En tiempos en que observamos a los legisladores tan diligentes, acaso sería bueno preguntar si no estaríamos en el momento de buscar una mejor ley de educación. Sabiendo que el tema no suele ser de gran interés legislativo, nos arriesgamos con la idea, por si a alguien le pudiese interesar el tema.
La nueva ley debería ser corta, muy amplia y genérica, sin entrar en tantas presiones ni detalles, a menos que queramos condenarnos a estarla revisando permanentemente, dada la velocidad con que avanzan la ciencia y sus revelaciones, la tecnología, las mismas teorías pedagógicas y los aportes cada vez mayores y novedosos que nos llegan como noticia sobre la inteligencia.
La ley no puede ni debe ser solo controladora y centralista; no debe basarse en el pasado, sino mirar más bien al futuro.
La ley debería definir con claridad las acciones administrativas, clarificando al máximo la estructura del ministerio. Si optamos por mantener los distritos, que estos sean los que decidan, organicen y manden sobre su territorio. No pueden seguir siendo buzones y recaderos, así como el ministerio no puede seguir siendo concentrador y centralista. ¿Acaso esto habla más de un deseo de poder burocrático que de eficiencia administrativa?
Convendría pensar si necesitamos dos normas: una para la educación pública y otra para la privada, pues, ciertamente, en ocasiones las disposiciones se transfieren sin pensar en las diferencias, y se confunden, desconociendo que hay regímenes y legislación distintos entre los organismos de control y la legislación laboral que rige a cada sector. Si eso fuera mucho pedir, al menos se deberían generar capítulos para una y otra dentro de la ley que se construya.
La nueva ley debería dejar a un lado lo económico y financiero, porque aquello no está en manos del Ministerio de Educación, sino del de Economía. Debería volverse a una ley de escalafón y sueldos, y otra rectora de lo pedagógico, organizacional y didáctico.
Una ley que desjudicialice el modelo institucional, devuelva la autoridad al centro y su docencia, y la respetabilidad al profesor, se vuelve urgente.
