Ecuador necesita con urgencia una nueva Constitución donde se establezca una eficiente estructura del Estado, con un óptimo marco jurídico donde imperen los principios éticos de la sociedad; que contribuya con el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la economía; que fomente la competitividad en la producción y comercialización de bienes y servicios para que sean sustentables, generadores de empleo; que contribuya con el medioambiente por la racionalización y optimización en la utilización de los recursos naturales; que permita reconstruir y configurar un óptimo sistema de educación; que promueva la eficiencia de los servicios públicos, principalmente de salud; que racionalice el ambiguo contenido de disfuncionales leyes para que sea más ágil y eficaz el sistema judicial; que impida el dispendio en el gasto público para que no supere a los ingresos fiscales. La Constitución de 2008, elaborada en su mayoría por mediocres, irresponsables, inmorales e irracionales, obnubilados por la ideología socialista revolucionaria, diseñaron un sistema jurídico administrativo que es marco normativo de la actual crisis ética, social y económica que nos afecta. Son intrascendentes las innumerables reformas a las leyes que se están tramitando en la Asamblea Nacional, integrada paradójicamente por quienes fueron parte de más de 10 años del gobierno de latrocinio y cleptocracia.