El tren constitucional

Un grupo de juristas españoles que cooperaron en la elaboración de la nueva constitución venezolana fueron enviados a Ecuador para que participen en la construcción de la Constitución de 2008 -de Montecristi-; abogados pertenecientes al movimiento político Podemos, de España, quienes fueron bien remunerados para que sirva ese dinero de financiamiento al movimiento político español.

Como en la Constitución española el presidente tiene la capacidad constitucional de disolver el parlamento, incluyeron esa facultad de disolver la asamblea, como si se tratara de la misma cultura política europea. Ya han salido varios obstáculos para la buena marcha de la función Ejecutiva, tanto en la Corte Constitucional, quienes no tienen un tiempo normativo para analizar y decidir sobre los decretos-ley del presidente, como en el Cpccs, quienes se han dedicado a la observancia y control de los decretos presidenciales, solo por el prurito de no dejar gobernar, como lo hizo en su momento la Asamblea. Se incluyó así la muerte cruzada, recurso constitucional nunca antes visto y copia de la cultura española. Las consecuencias eran gravísimas, nada menos que disolver la asamblea y acortar el período presidencial de gobierno, en este caso dos años menos sin gobernar, cuando el pueblo soberanamente lo eligió por cuatro años. A los ‘juristas’ españoles se les olvidó que Ecuador es miembro de la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la OEA durante una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2001 en Lima, la cual en sus artículos 26 y 27 promociona los principios y prácticas democráticas y fortalece la cultura democrática en el hemisferio. Los programas y actividades de la OEA están dirigidos a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil, y asegurar la permanencia de los valores democráticos; por lo tanto, protegen y garantizan los períodos para los que fueron elegidos soberanamente los candidatos por elección popular.

La muerte cruzada debilita la institucionalidad y los principios democráticos; es contraria al derecho convencional y fortalece el totalitarismo.

Franklin Salazar Savinovich