No son las armas, son las leyes

El presidente Guillermo Lasso anunció en un mensaje a la nación que se autorizaba la “tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento”. En su alocución dijo que esta “medida urgente” es para combatir al “enemigo común” de Ecuador, “la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Considero que el presidente Lasso tomó una decisión difícil –en vista de la alta responsabilidad que ello implica–, pero lo hizo en aras de permitir que la ciudadanía tenga mayores opciones de defensa ante la inseguridad que estamos viviendo actualmente en nuestro país.

Sin embargo, desde mi óptica de gestor comunitario y de seguridad, debo pecar de poco entusiasta, puesto que lo que realmente nos dará mayor seguridad es la modificación de varias leyes como las que abordan el tema migratorio, que en ese sentido nos mantienen bajo una verdadera crisis social, al no poder evitar la permanencia de miles de extranjeros que de una u otra manera generan el desorden y son protagonistas de episodios delictivos que los ecuatorianos jamás hemos presenciado antes.

No se trata de adoptar una postura xenofóbica, sino de prever la grave situación que se le presentaría al Ecuador si se convierte en refugio de pandilleros salvadoreños que se fugan huyendo de la mano dura del Gobierno del presidente Nayib Bukele. La dolarización y las endebles leyes ecuatorianas nos convierten en un paraíso para los delincuentes, que se desplazan hacia nuestro territorio en un éxodo imparable, sin controles fronterizos ni elementales reglas que condicionen la conducta de estos migrantes.

Conmino a la sociedad civil ecuatoriana a organizarse y recoger firmas para solicitar a la Asamblea Nacional la reforma de leyes, para facilitar la expulsión de los extranjeros que incurren en delitos; leyes que protejan a nuestros policías para que no tengan que pagar con cárcel al defendernos; leyes que impidan que un menor de edad continúe asesinando sin poder ser encarcelado; leyes que aseguren el cumplimiento de las penas que deben cumplir los procesados; leyes que faciliten que los delincuentes sean procesados y no puestos en libertad; leyes que garanticen los derechos humanos de los ciudadanos de bien y no de los criminales.

Gustavo A. Rivadeneira