¿Quiénes pagarán los mil millones de dólares?
Ese es el producto de los destrozos que causaron al país los 18 días de protestas supuestamente pacíficas, sin contar las indemnizaciones por las vidas que se perdieron, producto de los salvajes actos de terrorismo perpetrados por manifestantes embriagados de odio, alcohol y hasta de drogas, como se pudo apreciar en las hiperviolentas y sangrientas imágenes obtenidas por doquier. En estricto derecho, deberían responder los dirigentes e integrantes de la Conaie, Pachakutik y demás organizaciones indígenas actoras, en especial la correísta UNES, ya que esta última apoyó y dirigió a los ‘ancestrales’, invirtieron multimillonarios recursos nacionales y extranjeros. Pero para ello es necesario que la Justicia haga su trabajo y la Fiscalía continúe hasta el final las denuncias penales presentadas e inicie las múltiples que están pendientes (cuentan con vasto material probatorio), para que todos los cabecillas y causantes de este caos golpista terminen en la cárcel. También es necesario que prefectos y alcaldes presenten las demandas respectivas por los destrozos de sus provincias y ciudades, en especial Quito, el más afectado, que es Patrimonio de la Humanidad (segunda vez que le sucede lo mismo, v. g. Octubre Negro 2019). La empresa privada y sus gremios (cámaras de la producción) también deben dirigir acciones legales contra los grupos terroristas. Paralelamente, el Gobierno Central y FF. AA. (incluida la Policía) ya deberían armar un Plan Contingente para que este tipo de desmanes -perfectamente planificados y financiados por la sediciosa izquierda radical- no vuelvan a ocurrir nunca más.
César E. Benítez Jiménez
