Cuando a unos kilómetros se desarrollaba una masacre en las cárceles, donde mataban a puñaladas y quemaban vivas a personas, la cúpula del Gobierno, responsables de su integridad física, yacían tranquilos y perfumados en un evento de gala. Las PPL, independientemente del delito cometido tienen derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual; así lo prescribe el COIP (art. 12), en consonancia con la Constitución y sentencias de la CIDH, que ya han llamado severamente la atención a Ecuador por la situación. Menciono dos factores: el que los fiscales solicitan prisión en prácticamente todos los casos, cuando debería ser el último recurso; y los jueces que aceptan la medida sabiendo que ellos como garantes de los derechos de los procesados deberían hacer prevalecer lo que prescribe la Constitución e imponer medidas no privativas de libertad. Uno de los mayores actos de corrupción es aceptar cargos políticos para los cuales no se está capacitado, y es de extrema relevancia cuando la consecuencia de un error de decisión es que se pierdan vidas. El problema de las cárceles necesita un enfoque multidisciplinario, no se puede curar una enfermedad simplemente paliando los síntomas, sino que se debe ir al fondo de los problemas para darles la solución adecuada. No encuentran mejor alternativa que hacer una sesión de fotos con chalecos antibalas a quienes no tienen la más remota idea de cómo impedir que en las cárceles se sigan perdiendo vidas.

Francisco A. Ramírez Parrales