No existe emprendimiento sin aporte económico inicial que permita su desarrollo y sostenibilidad, liquidez necesaria para la operatividad, que permite invertir y reinvertir ganancias en actividades productivas que generan puestos de trabajo, distribución de bienes y servicios, circulación financiera privada y contribución a las finanzas públicas. Con la crisis de salud que paralizó aproximadamente 70% del aparato productivo, la empresa privada vio gravemente afectada su liquidez, originando el despido parcial de trabajadores, que si se mantiene será masivo, existiendo además el peligro de perder nuestras vidas por la pandemia. Por eso el Estado debe garantizar el derecho de todos a trabajar, producir y generar una rentabilidad que permita crecimiento personal y el cumplimiento de deberes sociales, evitando un estancamiento en el desarrollo del Estado que en épocas normales se fundamenta en el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económico, político, sociocultural y ambiental. Cuando existe desestabilización en esa relación entre sociedad, mercado y Estado, este tiene que implementar una moratoria por el tiempo que dure la emergencia y de reestructuración financiera que garantice liquidez a las empresas y permita el pago de obligaciones contraídas antes y durante la crisis, creando líneas de crédito a bajo interés y largo plazo; estimulando el ahorro y fomentando la inversión nacional y extranjera con reglas claras que aseguren el retorno de lo invertido y protección de la propiedad privada de bienes generados por el rendimiento financiero de esas inversiones.

Paula Zambrano B.