Lo vivido en nuestro país el pasado 12 de octubre fue el epílogo de un libreto bien organizado de una serie de acciones violentas que se pintaron de insidiosa protesta social, pero que fueron financiadas por identificados actores políticos que están siendo procesados por delitos cometidos en la administración de los recursos públicos; lo que advertía a nuestro sentido común el propósito oculto de materializar un golpe de Estado...

Una vez que regresaron las aguas a su cauce, nos quedó el amargo sinsabor, de sabernos un Estado con instituciones debilitadas, que no estuvo a la altura de las circunstancias; contrario a lo que se hubiera deseado, que sin resultar incólume ante los hechos relatados, se mantuviera fuerte y vigoroso para garantizar a su población la convivencia en un Estado de derecho.

Mas ahora una comisión de la ONU, cooptada aparentemente por gente afín al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, se encuentra en el despropósito de señalar al Gobierno de Ecuador como causante de haber aplicado el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los violentos manifestantes... Pero estos violentos nunca aparecieron durante más de diez años de criminalización a la protesta social que impuso el correato; sin embargo, cuando tuvieron oportunidad de expresarse democráticamente en las calles, sin escrúpulos ni principios se complotaron con los otrora antagonistas, insurgentes defenestrados, culpables del saqueo y de la crisis económica actual. 

En este contexto y con las heridas abiertas del Estado de derecho, difícilmente el próximo gobernante podrá tener la libertad de administrar eficiente y coherentemente las finanzas públicas. Por el contrario, le sobrevendrán vientos apocalípticos, provenientes de la misma corriente golpista. Sin políticas claras de gobernabilidad y con un Estado casi fallido, ¿a dónde vamos a parar, cuál será nuestro destino? Solo nos quedaría encomendarnos a Dios.

Ec. Víctor Gavilánez C.