¿Quién paga la cuenta?
Los plazos que tenía el CAL para calificar el juicio político “precluyeron, pues al día 21 de marzo
Cuarenta días se tardaron en hacer un írrito informe para causar daño al país, porque su intención es enjuiciar políticamente al presidente de la República y despojarlo de su cargo. A esa tardanza hay que agregar los días que se tomará la Asamblea para continuar corrigiendo lo que desde un principio estuvo plagado de inconsistencias legales... Y no cualquier inconsistencia, pues, por increíble que parezca, una vez aprobado el mamotreto por el Consejo de Administración Legislativa- CAL, en marzo 20 de 2023, un profesional del derecho particular hace ver que se han citado artículos del COIP que ya están reformados ¡desde hace siete años!
El mencionado informe ya había sido santificado y bendecido por la Unidad Técnica Legislativa, en la cual, se supone, hay abogados que dominan el derecho, la Constitución y las leyes; sin embargo, nadie reparó en el error.
¿Cuánto les cuesta a los ecuatorianos esa reiterada negligencia o falta de conocimientos jurídicos para elaborar un informe que posiblemente no valga para nada? Quizás no valga para nada, porque, conforme lo ha manifestado el legislador Ricardo Vanegas, los plazos que tenía el CAL para calificar el juicio político “precluyeron, pues al día 21 de marzo, el CAL se excedió del plazo; por lo tanto, 'este juicio murió antes de nacer’ “.
Otra vez, ¿quién paga la cuenta?
Víctor Terán
