Los municipios y la seguridad ciudadana
Pero es el Gobierno nacional quien tiene que sentar las pautas de una política de Estado en esta materia, para construir, equipar y apoyar a la Policía
La Constitución dispone en su art. 261, numerales 1 y 6 la competencia exclusiva del Estado Central para garantizar la protección interna, el orden público y la seguridad ciudadana. La inseguridad está afectando la calidad de vida y bienestar ante su débil accionar para combatir la delincuencia. Ello tiene alto costo para el Estado, pero se lo debe hacer para lograr vivir en paz. La solución es de toda la sociedad, debemos unirnos en un solo puño para erradicar toda forma de violencia y delincuencia. Hemos escuchado declaraciones de voceros del Gobierno y del presidente de que los municipios colaboren con acciones coordinadas con la Policía. Para eso es necesario que el presidente pase a la Asamblea una reforma a la Constitución y al Cootad, y agregar a los arts. 264 y 55, respectivamente, una disposición que establezca que estos tienen, conjuntamente con el Gobierno, la competencia de la seguridad ciudadana, pues conocen las amenazas del barrio, parroquia y recinto. Sin recursos suficientes nada pueden hacer; sus presupuestos fueron recortados por el gobierno anterior. Los que recaudan la tasa de seguridad la transfieren anualmente a la Policía en equipos motorizados, combustibles y otros; la mayoría no tiene esta tasa. Por lo que si esta competencia la van a ejercer se requiere la transferencia de recursos del Gobierno, como dispone el art. 273 de la Constitución. Pero es el Gobierno nacional quien tiene que sentar las pautas de una política de Estado en esta materia, para construir, equipar y apoyar a la Policía, con la Secretaría Nacional de Inteligencia, que permita conocer dónde ocurrirá el crimen y analizar sus causas para erradicarlo definitivamente.
Gustavo Chiriboga Castro