En la década correísta no tuvieron cabida los ciudadanos honestos. Los pocos que se colaron en las cúpulas debieron ir desertando, conforme las acciones depredadoras se iban acentuando. 

El ciudadano honesto era considerado un “pendejo” o un “limitadito” y por tanto una amenaza letal para los fines de la, según ellos, “revolución ciudadana”, membrete con el que se camufló el más siniestro plan de latrocinio colosal que despojó a nuestra nación de los recursos de la lotería petrolera, que pudieron poner fin a nuestro endémico subdesarrollo.

El atraco fue tan colosal que hoy no existe autoridad de justicia, ni de control, que logre desenmascararlo y sancionarlo a plenitud. Nuestra legislación penal y nuestra institucionalidad de control son tan enanas ante la magnitud del asalto (que se calcula en US$ 70.000 millones), que si se logra ajusticiar el 1 % del mismo (US$ 700 millones) sería un triunfo histórico. 

Ellos, los revolucionarios, sabían perfectamente lo que hacían al corromper los órganos de control y a la Función Judicial, bajo el marco de una Constitución totalitaria. 

Ellos sabían que los honestos ( pendejos, según los revolucionarios) serían incapaces de perseguir el atraco, porque no existen mecanismos idóneos de prevención y represión de la corrupción. ¿Qué esperamos para generar mecanismos idóneos para la prevención y represión de la corrupción?

Se dice que “los honestos somos más” y es verdad, pero los honestos no están en el poder, porque en la circunstancia vigente, los “pendejos” no caben en las funciones decisorias; esas son para los revolucionarios. 

La caída de valores es tan estrepitosa que la salida histórica que nos queda es un gobierno de “pendejos” valientes, dispuestos a prevenir y reprimir la corrupción.

Mauro Terán Cevallos