Cartas de lectores

El gatillo no es solución, subir la pena sí

Sección Undécima. Seguridad humana de nuestra Constitución. Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

Mientras todos los países procuran una convivencia pacífica y las potencias mundiales procuran el desarme nuclear, nuestros políticos están promocionando el porte de armas entre civiles para hacer uso de ellas contra la delincuencia que está armada. Aquello es el equivalente de impunidad sobre un posible ajusticiamiento bajo la preeminencia de la defensa propia. Pero hay que considerar que si un asaltador muere por mano de un posible perjudicado, el hechor tiene que tener sumo cuidado ya que el delincuente tiene familia, cómplices que se tornan en sus enemigos, que sin ningún miramiento también puede matarlo, firmemente convencidos de que el desquite no es venganza. Como mal ejemplo de casos relevantes que sucedieron cuando se hacía uso de armas sin prohibiciones, por asuntos concernientes a herencia de tierras en un cantón cercano a Guayaquil casi desaparecen todos los miembros varones de una familia, que a bala limpia trataban de solucionar el problema. La justicia que se hace por mano propia no es justicia, es venganza y nunca deja de ser un crimen. Por tal razón se han creado bajo el sistema de la convivencia pacífica las leyes.

Se debería reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el art. 360, que atañe al porte de armas, aplicando una pena no menor de 15 años a la persona que porte armas de fuego sin permiso como: revólveres, pistolas, subametralladoras, escopetas, carabinas. Esta sentencia no tendría opciones de rebaja de pena. Esta es la alternativa para reducir los hechos de sangre, asaltos y delitos colaterales.

Cesar Jijón S.