El riesgo de convertir un valor constitucional en mandato coercitivo

La Constitución reconoce la solidaridad como un principio que sostiene la vida en comunidad. Surge de la empatía y la convicción de que el bien común también es responsabilidad individual. Por eso su fuerza es más moral que jurídica. Cuando una ley intenta encerrarla y volverla obligación, su esencia se desvirtúa.

El debate sobre la Ley Solidaria Nacional e Integridad Pública no es solo técnico. Toca el núcleo del constitucionalismo: libertad, proporcionalidad y respeto a la autonomía individual. Una sociedad solidaria por convicción no puede lograrlo imponiendo cargas que se viven como sanciones. La solidaridad obligada deja de ser virtud y se convierte en obediencia. Desde la óptica constitucional, los valores orientan, no sustituyen derechos.

La legalidad fija límites al poder y protege frente a excesos normativos. Cuando un valor se vuelve mandato coercitivo, se corre riesgo de romper el equilibrio entre fines estatales y garantías ciudadanas. Importa también la proporcionalidad. No toda medida loable supera el examen constitucional si afecta en exceso la libertad y la igualdad. La solidaridad impuesta puede recaer desigualmente sobre quienes tienen menos margen de decisión. Así, deja de ser puente entre iguales y se vuelve carga.

La inconstitucionalidad, en este contexto, no es formalismo, sino defensa del sentido de los principios. Una Constitución que protege la dignidad y la libertad no puede permitir que una ley transforme un acto libre en un mandato que limite derechos.

Henry Gabriel Saraguro Cabrera