El riesgo de convertir un valor constitucional en mandato coercitivo
La inconstitucionalidad, en este contexto, no es formalismo, sino defensa del sentido de los principios
La Constitución reconoce la solidaridad como un principio que sostiene la vida en comunidad. Surge de la empatía y la convicción de que el bien común también es responsabilidad individual. Por eso su fuerza es más moral que jurídica. Cuando una ley intenta encerrarla y volverla obligación, su esencia se desvirtúa.
El debate sobre la Ley Solidaria Nacional e Integridad Pública no es solo técnico. Toca el núcleo del constitucionalismo: libertad, proporcionalidad y respeto a la autonomía individual. Una sociedad solidaria por convicción no puede lograrlo imponiendo cargas que se viven como sanciones. La solidaridad obligada deja de ser virtud y se convierte en obediencia. Desde la óptica constitucional, los valores orientan, no sustituyen derechos.
La legalidad fija límites al poder y protege frente a excesos normativos. Cuando un valor se vuelve mandato coercitivo, se corre riesgo de romper el equilibrio entre fines estatales y garantías ciudadanas. Importa también la proporcionalidad. No toda medida loable supera el examen constitucional si afecta en exceso la libertad y la igualdad. La solidaridad impuesta puede recaer desigualmente sobre quienes tienen menos margen de decisión. Así, deja de ser puente entre iguales y se vuelve carga.
La inconstitucionalidad, en este contexto, no es formalismo, sino defensa del sentido de los principios. Una Constitución que protege la dignidad y la libertad no puede permitir que una ley transforme un acto libre en un mandato que limite derechos.
Henry Gabriel Saraguro Cabrera