Cartas de lectores | El secuestro y la extorsión son problemas graves en Ecuador
El secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del COIP, con penas de 10 a 13 años de prisión
En la actualidad existe un aumento desproporcionado del secuestro, que va desde la preocupación hasta la alarma ciudadana, siendo un problema social no nuevo en nuestro medio. Según la Policía, en 2022 se registraron 713 secuestros, cifra que aumentó a 2.095 en 2024, y hasta abril de 2025 se reportaron 700 casos. Las provincias con mayor incidencia son Guayas, Los Ríos, Pichincha (incluyendo Quito), Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Grupos Delictivos Organizados (GDO) estarían involucrados, con secuestros que ahora presentan mayor violencia y falta de códigos de conducta.
El secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del COIP, con penas de 10 a 13 años de prisión. Agravantes incluyen: prolongación del secuestro más de ocho días, condiciones impuestas para liberar a la víctima, víctimas menores de 18 años, mayores de 65, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, uso de transporte para el secuestro, y tortura física o psicológica. En casos graves, la pena puede aumentar hasta 22-26 años, y con circunstancias agravantes, puede llegar a 21 años y tres meses.
Propuestas jurídicas para aliviar este delito incluyen:
Fortalecer la investigación penal para identificar y capturar rápidamente a los responsables.
Aumentar penas y sanciones, especialmente en reincidencias o casos vulnerables.
Proteger a víctimas y testigos con programas adecuados.
Fortalecer la cooperación internacional contra grupos transnacionales.
Implementar programas de prevención y educación comunitaria.
Reformar el sistema de justicia, con tribunales especializados.
Realizar análisis de inteligencia para diseñar mejores estrategias.
Fomentar la colaboración entre Estado y sociedad civil.
Capacitar y equipar a las fuerzas del orden y a los funcionarios judiciales.
Establecer evaluación y monitoreo continuo de políticas y programas.
Además, se propone generar fuentes de empleo accesibles y dignas, acorde al nivel educativo y perfil profesional, sin discriminación, para evitar que la ciudadanía sea presa fácil de la delincuencia común.
Y el tiempo sigue su marcha…
Elio Roberto Ortega Icaza
