Cartas de lectores | Una ley perversa

El Estado parece dispuesto a ignorar los territorios indígenas. La ley de Áreas Protegidas demuestra que al promulgar normas constitucionales los intereses de los pueblos originarios no existen y prima la pretensión del gobierno de turno. Las comunidades ancestrales han resistido por siglos el abandono del Estado y han conservado sus características tradicionales, autonomía e identidad. La ley busca superponer en esos territorios un sistema de control público y privado que desconoce las formas peculiares de organización social anteriores a la conquista española. Geográficamente están presentes en todo el territorio nacional, pero cada una mantiene límites propios. Muchas provienen de antiguos ayllus; otras son más recientes, pero todas controlan un espacio físico con límites bien conocidos y preservados por los comuneros. Es clave su adaptación ecológica al medio donde se ubican, fruto de una relación antigua y constante con la naturaleza. Con medios propios han logrado subsistir y desarrollar agricultura, ganadería, artesanías y acceder a tecnologías actuales. La ley nace del desconocimiento de las zonas rurales por parte de la mayoría de legisladores y de la escasa atención que prestan al destino del país. Si se aprueba, a la larga impondrán ordenamientos privatizadores que acabarán con modos de ser y existir, visiones del mundo, culturas y lenguas, borrando fronteras y anulando organizaciones sociales y territoriales que responden a patrones históricos. Nada más injusto que conculcar derechos de pueblos milenarios, que deberían ser considerados la mayor riqueza del país pues le dan identidad y sentido a la democracia. Dos sistemas se contraponen: el oficial, respaldado por una ley inconsulta, precipitada y sin criterio histórico; y el de la comunidad indígena ancestral, productiva y solidaria, con características únicas y fecundas, que aboga por satisfacer las necesidades de todos los ecuatorianos. La Constitución establece que el Estado ecuatoriano es plural, capaz de reconocer formas de pertenencia anteriores a él y a la nación. Lo lógico es que las comunidades indígenas resguarden las áreas dignas de protección -como siempre lo han hecho- y se elimine el proyecto de imponerles un capitalismo ajeno, basado en propiedad privada e intereses particulares, contrarios a su esencia, lenguas, al bienestar ecológico y la equidad social. Ojalá la Corte Constitucional se pronuncie a favor de los reclamos indígenas.

Ileana Almeida