Ya pocos recuerdan que en la consulta popular realizada en la administración de Lasso la ciudadanía decidió mantener bajo tierra las reservas de petróleo del Yasuní, pese a lo importantes que son para el país. Increíblemente, ni la Corte Constitucional (CC) entendió lo grave que era prohibir su explotación, ni el Gobierno Central y Petroecuador, y peor aún los noveleros que pensaron que nos sobra dinero y no necesitamos aprovecharlo, ni tampoco las enormes riquezas de oro, plata, cobre y otros metales, pues para los yasunidos lo importante es cuidar el medioambiente y no las necesidades de salud, educación, agua potable, alcantarillado e infraestructura de la población hasta ahora marginada. El error comenzó en la consulta, que debió circunscribirse a la zona en que están asentadas las reservas y no en todo el territorio nacional; sus habitantes nunca aceptaron prohibir la explotación del Yasuní pues para ellos era la única fuente de trabajo no precario. Pero, como muestra de la inoperancia del Gobierno de Lasso, sus autoridades nada hicieron por demostrar la importancia económica de dicha riqueza, al extremo que funcionarios de Petroecuador se pronunciaron solo luego de los insistentes pedidos de los medios de comunicación, porque la posición política de la Presidencia habría sido no intervenir y explicar la importancia de la consulta ya que ello era parcializarse por una tesis que podía o no coincidir con los intereses ciudadanos. Resumiendo: la Corte dispuso el desmantelamiento de todas las inversiones realizadas en los proyectos ITT ($ 2.600 millones), cuyas partes y piezas se chatarrizarían, a más del sacrificio fiscal de unos $. 1.200 millones anuales, independientes del costo de desmantelamiento estimado en otros $ 460 millones, además de lo impracticable de volver a convertir este campo petrolero en área verde en uno o dos años, máximo. Todo lo señalado demuestra la irresponsabilidad con que se toman decisiones en el país en asuntos tan trascendentes, sin que nadie lo asuma. Tanto la CC como el Gobierno creen que el único culpable es la ciudadanía, que no midió, por falta de información, el daño que se iba a causar.

Iván Escobar Cisneros