La integridad de quienes ocupan cargos públicos es fundamental para el funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas y el desarrollo equitativo de la sociedad. Sin embargo, la corrupción y el abuso de poder continúan siendo desafíos persistentes, erosionando la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y socavando el Estado de derecho.

Es crucial considerar diversas variables al evaluar a los candidatos para cargos públicos y adoptar medidas para prevenir y combatir la corrupción.

Es importante reconocer que, si bien no existe una solución infalible para erradicar por completo la corrupción, existen estrategias efectivas que pueden ayudar a reducir su incidencia y a mitigar sus impactos negativos en la sociedad.

Una de las primeras medidas a considerar es establecer requisitos mínimos para los candidatos a cargos públicos, como un nivel educativo (universitario) y experiencia laboral acorde al cargo.

Si bien tener un título universitario o cumplir con ciertos criterios no garantiza la integridad, puede ser un primer paso para asegurar que los candidatos tengan una base sólida de conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

Además se debe implementar una regulación ética, promover la transparencia en la gestión basada en tecnología de punta en las agencias anticorrupción.

Asimismo, es fundamental promover una cultura de integridad y ética en el servicio público, tanto a nivel individual como institucional. Esto implica proporcionar capacitación y sensibilización sobre valores éticos y responsabilidad pública desde el colegio.

Combatir la corrupción no es tarea exclusiva del Gobierno, sino que requiere el compromiso y la colaboración de toda la sociedad.

No dejemos sangrar a nuestro país.

Jimmy A. Murillo Espinoza