Para juzgar la ilegalidad de la incursión a la embajada mexicana en Quito para capturar a un prófugo de la justicia, hay que analizar todos los antecedentes, no solo la Convención de Viena. Glas no es un perseguido político, es un delincuente con dos sentencias confirmadas con 14 años de prisión, pendiente una orden de prisión preventiva relacionada con la reconstrucción de Manabí y un juicio en trámite por acoso a su exasesora. Se ha burlado de la justicia con diferentes argucias: de salud, inseguridad, y con complicidad de un juez corrupto y financiamiento de un narcotraficante logró salir de prisión sin cumplir siquiera cinco años. Con esa trayectoria del reo, de dominio público, el gobierno mexicano ilegalmente lo recibe en su embajada en principio como huésped, figura no existente en derecho internacional, y luego de tres meses bajo asilo político, violando normas como el Convenio de Caracas (“…es ilícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”). Hubiera sido trasladado a México con ayuda de empleados de la embajada, pese a no tener salvoconducto concedido por el Gobierno, como ya sucedió con excorreístas corruptos que gozan del beneficio del presidente AMLO. Las decisiones del gobierno mexicano no se enmarcan en la legislación internacional sino en criterios ideológicos del SSXXI, los cuales no comparten ni el pueblo ni el gobierno ecuatorianos; por ello ha demostrado antagonismo hacia nuestro país, con decisiones como la oposición a la suscripción del tratado comercial entre ambos países que nos permitiría acceder al Tratado del Pacífico; trato peyorativo a nuestro presidente; intromisión en asuntos internos al referirse al asesinato del excandidato Fernando Villavicencio, repitiendo lo que pregona la RC5 y su cacique prófugo en Bélgica. Hasta negó la extradición del principal atracador del Isspol. El iniciador de incumplir leyes ecuatorianas, convenios y normas internacionales fue AMLO; la Cancillería ecuatoriana incluso meses atrás tuvo la delicadeza de solicitar autorización para ingresar a la embajada y capturar al reo, que fue negada y criticada. Es justificable la toma de la embajada, aunque ilegal; el presidente Noboa no iba a permitir que una vez más la justicia ecuatoriana sea vilipendiada, como con la fuga de la exministra Duarte con ayuda de la embajada argentina. Respaldémoslo; la decisión que tomó es la de la mayoría que queremos a nuestro país.

C. Wellington Ríos Villafuerte