La OEA debió estar enterada de que la embajada mexicana en Quito había abierto las puertas a un prófugo de la justicia, el exvicepresidente Glas, quien solicitó asilo político aduciendo persecución política (situación alejada de la realidad). Conocedora de que la solicitud era improcedente, debió intervenir para acabar con un propósito lesivo a la soberanía ecuatoriana, que contraviene las normas que rigen el otorgamiento de asilo. Le hubiera evitado al gobierno de Ecuador las medidas que tomó para que no se repita el caso de fuga de la exministra Duarte (prófuga de la justicia). Tras los hechos, normativa en mano, decide sancionar a Ecuador y dejar sentado que el gobierno de México violó el principio de coexistencia pacífica al inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país y conceder asilo político a un delincuente sentenciado, a quien, por otros delitos, se lo está vinculando en el caso que se ventila en la Corte de Florida, EE.UU. El presidente Noboa y su gobierno, empeñados en rescatar al país de la debacle ocasionada por los revolucionarios del SSXXI, deben continuar con su política reivindicadora de la dignidad y derechos de la nación e insistir en la revisión y actualización de convenios internacionales. Es cuestionable la conveniencia de seguir formando parte de la OEA, pues la normativa internacional vigente no le permite cumplir su rol ante una nueva realidad caracterizada por el cometimiento de delitos por parte de organizaciones transnacionales poderosas con tentáculos fortísimos en esferas políticas de los países que la integran.

Leonardo Cueva Piedra