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Ecuador enfrenta invasión armada del crimen organizado. Urge dotar al Estado de herramientas excepcionales para combatirla

La Corte Constitucional y la Asamblea no lo han entendido, o no se han percatado de la realidad que vive el país. La delincuencia ha tomado control de sectores de las ciudades, y de barrios marginales. Los GDO asesinan a los que no pagan ‘vacunas’, someten a los dirigentes barriales, cooperativas de transporte, de taxis, casas y negocios, y la triste realidad es que las vacunas se están pagando y los GDO tienen bajo control a muchos distritos en las ciudades ecuatorianas.

Esto no es delincuencia común, es una invasión armada externa para tomar el control de los negocios, del Gobierno y la justicia. Lo hacen con mucho dinero, armamento y organización militar que supera con creces a la Policía, algo imposible de controlar con leyes para la delincuencia común. Hacerlo es bloquear el excelente trabajo del Ejército y la Policía, ceder posiciones al enemigo y darle todos los beneficios de la justicia ordinaria que no merece.

El presidente, Fuerzas Armadas y Policía necesitan de facultades extraordinarias, y total libertad para combatir esta invasión armada externa. Si persistimos en el error de manejar esto con leyes fuera de contexto, tendremos el caos que ahora tiene el gobierno de Haití con las bandas criminales, o como lo es en Méjico, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó a los carteles y decía: “es mejor abrazos y no balazos”, y fue sometido a la terrible humillación de tener que ceder y liberar al hijo del Chapo Guzmán, o le incendiaban Culiacán.

Juan Orús Guerra