Cartas de lectores | La incorregible y vergonzosa justicia ecuatoriana

Pese a la salida de Diana Salazar el 20 de mayo de 2025, aún no se elige al fiscal de la nación. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) conformó recién en enero de 2026 la Comisión Ciudadana de Selección, que dispone de cuatro meses, prorrogables por dos más, para designarlo. El proceso nace cuestionado por denuncias de irregularidades en los puntajes de los candidatos, que podrían obligar a repetir el concurso, advertencias ignoradas por las autoridades.

La desconfianza en el CPCCS es generalizada. Lejos de actuar con neutralidad, ha tomado partido y protagonizado escándalos como el del consejero Verduga, quien terminó asilado en México tras evidenciarse en sus dispositivos la planificación de un esquema de poder con cargos y sobornos. Incluso se intentó imponer un reglamento cuestionable para elegir fiscal, luego desechado.

En 2014, los jueces Baltazar Garzón y Luis Pásara advirtieron que normas disciplinarias ambiguas violan el principio de legalidad y concluyeron que la justicia ecuatoriana sufría un retroceso, al utilizarse sanciones para perseguir opositores y favorecer intereses indebidos.

Hoy, el sistema judicial enfrenta una profunda crisis de credibilidad: corrupción, venta de sentencias, fallos a conveniencia e infiltración del crimen organizado, expuestos en casos como Metástasis, Purga y Plaga. La actuación de jueces y abogados corruptos mantiene debilitada y desacreditada a la justicia ecuatoriana.

Carlos Mosquera Benalcázar