Cartas de lectores | Crisis en la Función Judicial y caso GRANASA
Si Ecuador quiere un país más seguro en 2026, necesita un cambio inmediato del sistema judicial
El país terminó el 2025 con pocas cosas que resaltar y muchas que lamentar, como ser considerado uno de los más violentos del mundo. La situación en el Poder Judicial es devastadora y repulsiva. Dos instituciones deben ser respetables: la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), mientras que el CPCCS y la Asamblea están muy cuestionadas e influenciadas por el poder político y los gobiernos de turno.
Es urgente reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, estableciendo mecanismos claros de selección de jueces y fiscales, evaluando títulos académicos y ética profesional, asegurando transparencia y realizando evaluaciones rigurosas cada siete años, para detectar focos de corrupción.
La independencia judicial es la columna vertebral del Estado de derecho, actualmente fracturada, y requiere jueces y fiscales capacitados y libres para administrar justicia. La penetración de redes mafiosas y el abuso de poder han profundizado la crisis de credibilidad. Entre julio de 2024 y mayo de 2025, el CJ destituyó a más de 45 jueces, y otros administradores de justicia fueron sentenciados por prevaricato.
Para los ecuatorianos, estos actos no son extraños; reflejan una crisis endémica con problemas profundos, como la elección de jueces incapaces o políticamente nombrados. Por ello, los jueces y fiscales deben entender que un error grave no solo implica separación del cargo, sino la imposibilidad de ejercer la profesión de por vida. Casos recientes, como el de Godoy, presidente del CJ, acusado de presuntas graves actuaciones, muestran la descomposición de las instituciones.
También preocupa el caso de GRANASA y la Superintendencia de Compañías, que actuó con atribuciones que legalmente no le corresponden, modificando registros y pretendiendo alterar libros de acciones. Esto es un mal ejemplo y un mensaje preocupante acerca de la imposición del poder estatal sobre la legalidad. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el intento del Estado de adueñarse del 40 % de las acciones de GRANASA.
Si Ecuador quiere un país más seguro en 2026, necesita un cambio inmediato del sistema judicial. El país merece más que sobrevivir; merece un futuro con justicia y legalidad.
Robespierre Rivas Ronquillo