Cartas de lectores | Cerrada la frontera lojana
Hablar de integración mientras se cierran los caminos del progreso es una burla más para la provincia
Ante el incomprensible cierre de la frontera lojana con el hermano pueblo peruano, es necesario recordar disposiciones jurídicas que lamentablemente se han convertido en letra muerta. La Constitución del Ecuador, en su artículo 249, establece que los cantones ubicados en una franja fronteriza de cuarenta kilómetros recibirán atención preferencial para fomentar la cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que garanticen soberanía, biodiversidad e interculturalidad.
Asimismo, la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, publicada el 17 de mayo de 2018, ordena en su artículo 8 la aplicación obligatoria de los acuerdos de paz y tratados fronterizos suscritos por el Estado ecuatoriano, que implican un trato preferencial a las zonas de frontera. Estos acuerdos permiten el intercambio de productos para uso doméstico entre poblaciones fronterizas, libres de formalidades y tributos, dentro de los límites establecidos por la autoridad aduanera.
De igual manera, en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Ecuador–Perú, realizado en Quito el 12 de diciembre, los presidentes Daniel Noboa Azín y José Enrique Jerí Oré ratificaron su compromiso de impulsar el desarrollo sostenible, la equidad social y el bienestar de los pueblos fronterizos mediante cooperación en áreas estratégicas.
Sin embargo, como ‘regalo de Navidad’ para la frontera de Loja, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que desde el 24 de diciembre solo permanecerán habilitados los pasos de Rumichaca y Huaquillas, por razones de seguridad nacional, medida comunicada a Colombia y Perú. Estos serán los únicos pasos internacionales autorizados.
En la práctica, la Constitución, la ley y los acuerdos internacionales parecen no servir, pues el cierre de la frontera condena al hambre y al desempleo a los pueblos de Macará, Zapotillo, Espíndola, Sozoranga, Calvas, Puyango, Pindal y a toda la provincia de Loja. Las autoridades deberían exigir explicaciones y solicitar la suspensión de esta medida o alternativas que generen trabajo. Hablar de integración mientras se cierran los caminos del progreso es una burla más para una provincia históricamente olvidada.
Alfredo Suquilanda Valdivieso