Cartas de lectores: Aporte jurídico al caso Godoy
Debemos vigilar que pierda poder por sus omisiones y que la justicia penal lo investigue por sus acciones
Los juicios políticos son procesos inherentemente subjetivos porque combinan valoraciones de hechos en un debate público. Su resultado no depende únicamente de pruebas técnicas, sino de la interpretación que hace el órgano legislativo y por supuesto la ciudadanía sobre conceptos amplios como -mal desempeño- o -abandono de deberes-, lo que los convierte en un mecanismo de rendición de cuentas políticas más que en un juicio puramente penal u otras causas jurisdiccionales que tienen sistemas probatorios con otro sistema probatorio.
Esta subjetividad se manifiesta al evaluar si el enjuiciado cometió una acción contraria al interés público o incurrió en una omisión grave. Mientras las acciones (como un soborno) pueden ser más fáciles de definir, las omisiones (como no evitar una crisis bajo su responsabilidad) dependen de cómo se interprete el deber de actuar del funcionario en el estado de un conflicto sujeto las obligaciones de sus competencias.
No hay una tendencia universal que favorezca lo uno sobre lo otro; todo depende del contexto legal y social específico. En este caso la penetración del narco en las instituciones y el riesgo de muerte de quienes hacen bien su trabajo.
En Ecuador la Constitución diferencia las causales: para el presidente, el juicio político requiere la presunta comisión de un delito específico (una acción), como se vio en el caso de Guillermo Lasso.
Para otros altos funcionarios, como el presidente del Consejo de la Judicatura, la causal principal es el incumplimiento de funciones (garantía de independencia judicial, entre otras), lo que hace más probable que el proceso se base en omisiones o negligencia en el cargo, demostrando cómo el marco de este juicio político busca que todos los ciudadanos terminemos protegidos con su destitución, porque además de no cuidarnos en el cumplimiento de sus deberes, nos expone más aún al obtenerse información de su vínculo en las acciones.
Por eso debemos, a su vez, ser vigilantes de que pierda el poder que tiene por sus omisiones, y, que la justicia penal lo investigue posteriormente por sus presuntas acciones.
Aquiles Hervas Parra
