Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a los que tienen todos los seres humanos, sin excepción. Ninguna persona, por mucha popularidad que tenga, ni aunque sea el presidente de un país, puede salir incólume si viola o pretende violar derechos. El Derecho Penal no es un adminículo que puede utilizar cualquier remedo de dictador para imponer su voluntad por muy buenas intenciones que este pretenda tener. Este derecho, de última ratio, tiene como uno de sus fines principales normar el poder punitivo del Estado, para que nadie pueda ir más allá de los límites que este impone. Así, si mañana algún sociópata llega al poder, los ciudadanos al menos tenemos ese escudo: el Estado de Derecho. Cuando aplaudimos que un mandatario empiece a decir sin empacho que “x” por pertenecer a una pandilla no tiene derechos o que estos se pueden pisotear si entra a la cárcel, aceptamos que algún otro salvador de turno pueda decidir más allá de lo que permiten las leyes, y pisotear y extirparnos derechos a nosotros. La historia ha demostrado reiteradamente que el poder es efímero, dulce y corrompe. Cuando alguien está en la cima jamás buscará rodearse de quien lo contradiga. Luego pensará que lo sabe todo porque una masa extasiada aplaude cada una de sus ocurrencias. Si pensamos que el derecho penal es como un arma cargada que se puede disparar a quien dicte nuestra conciencia, pronto nosotros seremos quienes estemos del otro lado del cañón y nos arrepentiremos de haber aplaudido a demagogos y dictadores porque en un tiempo decían lo que queríamos escuchar.

Francisco Ramírez Parrales