Corrupción en España: La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó este lunes 20 de abril de 2026 que se reabra el caso en el que ha sido investigada por cuatro presuntos delitos, entre ellos los de tráfico de influencias y corrupción, y que se anule su procesamiento, ya que considera que la decisión judicial "vulnera su derecho de defensa".

El escrito presentado por la defensa de Gómez ante la Audiencia de Madrid es una respuesta a la solicitud de 24 años de cárcel para la esposa de Sánchez realizada hoy mismo por la acusación popular al magistrado Juan Carlos Peinado.

El pasado día 13, Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa y decidió procesar a la mujer de Sánchez, acusada de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez rechazó prorrogar más la investigación y archivó las actuaciones por intrusismo profesional, manteniendo las otras cuatro.

Con razones suficientes para juzgar

La causa contra Begoña Gómez fue abierta por el juez Peinado en abril de 2024 para investigar dichos delitos después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

El magistrado afirma haber encontrado indicios suficientes para procesar a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una entidad pública.

En cuanto al delito de corrupción, considera que Gómez fue "la impulsora de la captación de fondos privados", no para esa cátedra universitaria pública, según los indicios, sino para "su patrimonio personal".

También propone juzgarla por malversación junto a su asesora, Cristina Álvarez, por "tareas ajenas al cometido institucional del puesto" en relación con los servicios prestados, que fueron retribuidos con fondos públicos.

El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio un software desarrollado en la cátedra de la Complutense.

Tras cerrar la instrucción hace una semana, Peinado dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronunciaran sobre la apertura de juicio oral -por un jurado popular- y presentaran sus escritos de conclusiones.

El escrito presentado por Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

También pone en duda que el juez decidiera llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el magistrado adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso.