SERCOP detecta anomalías en contratos de seguridad de Segura EP en Guayaquil

En medio de cuestionamientos por la falta de resultados en seguridad, la empresa municipal Segura EP enfrenta un nuevo revés: el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), según anunció en un comunicado, detectó inobservancias legales en sus procesos de subasta inversa para contratar seguridad privada en Guayaquil.

La noche de este 10 de junio, el SERCOP informó que tras monitorear los cuatro procedimientos iniciados por Segura EP para la contratación de servicios de seguridad móvil y fija en las zonas 1, 2, 3 y 4 de Guayaquil, concluyó que existen violaciones a la normativa vigente y a los principios que rigen la contratación pública.

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“La manifiesta vulneración a los principios de la contratación pública no puede ser parte de un modelo de gestión”, señaló la entidad en su comunicado. Entre las irregularidades identificadas, el SERCOP mencionó prácticas restrictivas que limitan la participación de oferentes, afectando la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

Como medida correctiva, recomendó declarar desiertos los cuatro procesos en curso.

Cornejo ya había responsabilizado al SERCOP por la paralización

Este pronunciamiento ocurre días después de que Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, justificara ante EXPRESO la falta de ejecución del nuevo modelo de seguridad impulsado por la Alcaldía de Guayaquil. Según Cornejo, la implementación —que incluye drones, camionetas y guardias privados armados— no ha avanzado porque los procesos de contratación estaban suspendidos por el propio SERCOP.

“El proceso lamentablemente nos lo tiene suspendido el SERCOP”, dijo a este Diario Cornejo, quien insistió en que la municipalidad actúa dentro del marco legal vigente y que el cambio de modelo busca complementar la seguridad ciudadana ante la incapacidad del Gobierno central de frenar la violencia.

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Cornejo detalló que el contrato de seguridad, valorado en $55 millones por 25 meses, es parte de una inversión total de $85 millones prevista para seguridad este año, y cuya ejecución —según él— ha permitido acciones como la recuperación de 911 vehículos reportados como robados y la atención de más de 6.000 solicitudes de apoyo policial.

Ciudad en crisis y promesas en suspenso

La suspensión de estos procesos y las observaciones del SERCOP plantean, a juicio de los ciudadanos, nuevas dudas sobre la capacidad de respuesta local ante la crisis de seguridad que enfrenta Guayaquil, donde los asesinatos, extorsiones y atentados se han intensificado. Solo este 10 de junio, por ejemplo, hubo 10 asesinatos en distintos sectores de la ciudad. 

"No sé qué irregularidades halló Sercop o si realmente el Municipio de Guayaquil no está haciendo las cosas bien, pero esto ya debe solucionarse. ¿Qué significa esta recomendación realizada? ¿Qué el presupuesto para la seguridad de Guayaquil no llegará? ¿Y entonces qué? Más desvalidos quedamos. Las autoridades deben trabajar ya de la mano. No podemos seguir así. Esta es una guerra que no buscamos, que jamás experimentamos y que no la queremos vivir", sentenció Janina Zapata, residente de Mucho Lote 1, una de las zonas afectadas esta semana por la violencia. 

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