Al cumplirse el mes del estado de excepción decretado el pasado 14 de agosto y renovado por otros 30 días, el complejo habitacional Socio Vivienda II -uno de los sectores que fue considerado como el más peligroso de Guayaquil, enfrentó una quinta intervención, especialmente para el retiro de otras 15 rejas y cerramientos metálicos construidos ilegalmente en las peatonales de 7 de las 20 etapas. Habitantes de la zona aseguraron que les servían de protección frente a la inseguridad que prevalece en el sector.

Las acciones conjuntas se realizaron el martes 13 de septiembre, con la intervención de cerca de 200 uniformados de la Policía y 30 trabajadores del Municipio de Guayaquil, que contaron con tres volquetes y una plataforma con suelda autógena, detalló el Comando de la Zona 8 de la Policía Nacional.

El retiro de las rejas se realizó en las etapas Conejo, Colibrí, Hipocambo, Mariposa, Tortuga, Tucán y Trucha, donde además se recuperaron varios espacios públicos que se encontraban descuidados y abandonados.

“Entre el 2 al 13 de septiembre se han ejecutado cinco intervenciones, se han destruido 14 reductores de velocidad, pintada las fachadas de 46 grafitis que contenían leyendas y retratos de simbologías de organizaciones criminales, delictivas”, detalló el coronel Diego Hidalgo Almeida, jefe del Distrito Nueva Prosperina.

Además, se han retirado 78 mallas metálicas, recuperado los espacios públicos y se han emitido citaciones a través del Departamento de Justicia y Vigilancia, por mal uso del espacio público.

Sobre algunas aceras del complejo habitacional existían pequeñas construcciones, que eran utilizadas como locales de venta de comidas u otros productos, lo que obstaculizaba el paso de transeúntes. Una situación que, según moradores reflejaba también el poco control que existía del espacio publico. “Antes de la intervención, aquí hacían lo que les daba la gana porque, como ninguna autoridad venía”, comentó una vecina en medio del anonimato, como así muchos alzan su voz, pero con el temor a represalias.

Durante el estado de excepción, en Socio Vivienda II (donde habitan unas 24.500 personas) han participado e intervenido cerca de 500 uniformados de los subsistemas de inteligencia, investigativo y preventivo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mencionó el Comando Zonal.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), representado por Billy Navarrete, recordó que la fuerza pública permanece en el plan habitacional desde el 5 de septiembre, a raíz de las escenas de violencia que se viralizaron a través de redes sociales, por enfrentamientos entre dos grupos violentos, y respaldados en el estado de excepción, vigente en la Zona 8 desde el 14 de agosto de 2022.

No obstante a la tranquilidad que muchos moradores resaltan que ahora tienen, el CDH considera que la recurrente militarización de esa comunidad no ha constituido una solución real a la problemática de inseguridad. “Al contrario ha agudizado las condiciones de segregación y criminalización de sufren al menos 3.000 familias, pues imponen ambientes similares a ‘zonas de guerra’...”.

A su juicio, esas prácticas no cumplen con el fin deseado en relación a la erradicación de la violencia y la lucha contra las organizaciones delictivas, que mantienen atemorizada a la comunidad. “Una comunidad que es víctima del maltrato desde el momento de su reasentamiento, puesto que no cuenta con garantías para la seguridad de tenencia de las casas que ahí habitan, desde hace una década, al no haber recibido del Ministerio de Vivienda un título de propiedad, documento que es elemental para crear sentido de pertenencia que los lleve a cumplir con el pago de servicios básicos, como la energía eléctrica. El pasado 8 de septiembre, personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) llegó al sitio para cortar el servicio en casi 1.000 domicilios, que estaban impagos.