Durante su visita al país, el también sociólogo y asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional de Colombia (1993-1995) da ejemplos de las medidas que tomó su país para salir de la crisis de violencia que por años enfrentó; y detalla la hoja de ruta que el Gobierno y los municipios del Ecuador deben llevar para trabajar de manera conjunta. La única opción, advierte, para afrontar la situación. 

La inseguridad que amenaza a la provincia del Guayas y, en especial, a Guayaquil la experimentaron varias ciudades colombianas. Sin embargo, lograron salir de esa crisis. ¿A dónde deben las autoridades del país apuntar para frenar esos índices delictivos que se siguen extendiendo?

Deben apuntar, primero, a reconocer que afrontan un grave problema, no tan grave como el que vivió Colombia, pero sí uno que puede crecer a gran escala. Lo segundo es tener una organización estatal para enfrentar los retos del crimen organizado y el narcotráfico. Es tener un plan integral que tenga como líder al presidente, pero que incluya a la Fiscalía, a los jueces, a la Policía, a los municipios...; y es trabajar de forma coordinada con los países de la región en temas de cooperación, porque el problema involucra organizaciones criminales transnacionales.

Cuando habla de cooperación, ¿de qué tipo se refiere?

A la que se haga en la frontera, lo que no implica que se las cierre. Colombia tiene experiencia. Nuestra Policía es de las que tiene mayor experiencia en la lucha contra el narcotráfico y eso se lo puede aprovechar. Estados Unidos tiene información, investigación, equipos de inteligencia y eso también les puede beneficiar. Si hay un plan en conjunto entre países, los beneficios los verán todos.

¿Pero no sería más viable, como exige la ciudadanía, que al menos temporalmente se cierren las fronteras? En el país se habla ya de que la banda delictiva El Tren de Aragua, de origen venezolano, está actuando aquí. La comunidad tiene miedo. Ha sido firme al decir que desconfía ya de todo, incluidos los migrantes...

- Colombia, Ecuador, Perú, los países centroamericanos son migrantes. Y la gran mayoría es gente buena que quiere trabajar... Existe una minoría que sí, que delinque y hay que saber diferenciarlos. ¿Cómo? Detectándolos a través de ese trabajo de investigación del que hablo y se haría únicamente en cooperación de las naciones. Existiendo comunicación, informes directos que digan quién está entrando al país. Por lo tanto, no hay que estigmatizar la migración, somos países de migrantes.

En materia de seguridad, qué rol deben cumplir los municipios. ¿Basta con dar recursos para dotar de equipo, por ejemplo, a la Policía? En Guayaquil se lo ha hecho, pero no hay resultados.

Los recursos son importantes para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, pero lo son tanto o más los consejos de seguridad que, hablando de los municipios, se hagan de forma permanente. Esto implica que a esas sesiones asista el comandante de la Policía, los fiscales, el sector privado, el barrio... Los municipios, sin embargo, son clave para trabajar en la prevención, en la organización de las comunidades y de los jóvenes que pueden terminar delinquiendo. Hay que atender a los muchachos que ya están consumiendo drogas y hay que mejorar sus entornos. Hay mucho trabajo que pueden hacer los municipios, pero hay que hacerlo de forma coordinada.

En este punto, cuando se abordó el tema de los recursos, Acero hizo énfasis en que a fin de fortalecer la institucionalidad de Seguridad y Justicia, los ecuatorianos -como pasó en Colombia- deberán pagar una contribución. En su país natal, detalló ese impuesto al patrimonio, como denominaron al rubro, lo pagaron quienes tenían más recursos. “Y solo así se logró que el Estado pudiera equilibrar esa lucha que tenía contra las estructuras criminales. Acá, algo similar deberá pasar”, señaló.

Entiendo que Colombia empezó a recuperarse cuando decidió mirar a los jóvenes...

En temas de seguridad, no implica atenderlos a todos, sino a aquel grupo que está en riesgo, que no estudia ni trabaja. A esos jóvenes hay que darles alternativas educativas, culturales y de desarrollo para que tengan una razón de crecer. Hay que ampliarles las perspectivas de desarrollo. En Bogotá, de 8 millones de habitantes, eran 20.000 los jóvenes en riesgo y trabajamos con ellos. Se lo hizo desde la Alcaldía y se dio el cambio: ingresaron al sistema educativo, a carreras técnicas, a la universidad y hallaron trabajo. Entonces, programas de este tipo son los que las alcaldías pueden financiar.

Aquí, quienes comenten los más graves delitos suelen ser menores de edad, ¿darles esa perspectiva de vida será suficiente?

Tenemos un programa en Bogotá que se llama Justicia Restaurativa Juvenil, que consiste en que a los jóvenes infractores no se los priva de la libertad en un centro de rehabilitación, sino que asisten tres veces por semana a un programa municipal de formación, de cultura y recreación que se encarga, entre otras cosas, de que reconozcan que cometieron un delito. En él no se los encierra, se los reconstruye socialmente... El programa lleva cinco años, y en los dos últimos, 93 de cada 100 no han vuelto a delinquir y la seguridad, por supuesto, ha mejorado. Claro, que si hablamos de homicidios, no puedo tratarlo de la misma manera. Ahí deberán estar en centros de rehabilitación, pero que lo hagan de verdad. Sí funciona. La rehabilitación bien ejecutada genera un cambio. Lo hemos comprobado al aplicarlo con los adultos en las cárceles. Y lo mismo, todo esto, puede ser replicado en su país.

¿Y qué hacer con las extorsiones, que se han convertido en un cáncer social?

He recorrido los puntos críticos de Guayaquil y he notado que falta seguridad e involucrar también a los empleados en el proceso de formación. Este debe tener seguridad en el trabajo, en el transporte público y en casa. El fin es que tenga una vida sana. Por eso, desde las empresas, deben organizarse para mejorar la seguridad del entorno laboral, pero también para demandar al Estado y a los municipios que les den protección y obras que las faciliten.

Durante esta semana Acero estuvo de visita en el Gran Guayaquil para dar conferencias sobre la violencia e inseguridad en Samborondón y los comerciantes de las zonas críticas de Guayaquil.

¿Es la militarización la salida?

El impacto es inicial, porque al poco tiempo los delincuentes se dan cuenta de que los militares pueden hacer poco para detenerlos; o bien porque no están formados para seguir delincuentes o porque terminan siendo insuficientes en las calles.

¿Necesitamos más policías?

No necesariamente, porque al final terminan siendo también pocos para la cantidad o tipo de delincuencia que existe... La institución puede crecer hasta donde se pueda... Lo que sí ayudará es tener una Policía más cercana, es saber dónde está la Fiscalía y qué está haciendo desde el punto de vista de la investigación criminal. Ayudará también tener ciudadanos comprometidos. Las ciudades más organizadas son las menos susceptibles a sufrir hechos de violencia, y para ello vuelvo al inicio: hay que trabajar en conjunto.