Miembros de la Plataforma Libertad Animal (PLAN), conformada por distintas fundaciones, grupos de rescate y rescatistas independientes, denunciaron que las autoridades del Complejo Judicial Florida Norte le han prohibido a sus funcionarios alimentar a la extensa colonia de gatos que habita desde hace varios años en esa dependencia.

A través de un comunicado subido a sus redes sociales, informaron que los funcionarios del complejo, que se encontraban a cargo de alimentar a cerca de 75 gatos y un perro, se negaron a recibir el correspondiente alimento que PLAN realiza el 25 de cada mes.

Según indicaron, esto se debe a una prohibición y amenaza de sanción, por parte de la dirección del Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas, que la preside María Josefa Coronel.

EXPRESO consultó a las autoridades del Consejo de la Judicatura sobre este tema e informaron que responderán en las próximas horas.

Ante esta situación, los miembros de las organizaciones rescatistas recordaron que en el derecho público está prohibido todo aquello que está previsto en la ley. “Por ende la prohibición para que los funcionarios que de manera voluntaria decidan alimentar, esterilizar y curar a la fauna urbana de dicho recinto judicial, no sería un hecho susceptible de castigo o sanción en vista de no estar previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial ni en su norma supletoria la Ley orgánica del Servicio Público”, señala el comunicado.

Yvonne Roca, de Rescate Animal Ecuador, recuerda que los animales que por costumbre habitan espacios determinados por un periodo considerable de tiempo se convierten en comunitarios, cuyo hogar es aquel en donde permanecen de manera regular. “Removerlos o trasladarlos con otra finalidad que no sea su adopción, se constituye en abandono y evitar que estos sean alimentados, en tortura, ambos delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal”, explica.

Cree que sería contradictorio que dentro de un lugar en donde se administra justicia se violente de esta manera los derechos de los animales que tanto ha costado conquistar para que se reflejen en la normativa legal ecuatoriana.

Por su parte, Ivonne Rosero, integrante del grupo de rescate del Complejo Judicial Florida Norte, resalta que en lugar de prohibir se podría buscar mecanismos eficaces y más humanos, como por ejemplo, firmar acuerdos con instituciones públicas y privadas que puedan coadyuvar a cumplir con la meta de esterilizar o castrar a toda la colonia, además de promover campañas de adopción para que estos animales puedan encontrar hogares idóneos.

“Queremos que las autoridades del complejo se reúnan con los proteccionistas de esta colonia, para que nos dejen cumplir con nuestra misión. Hemos dado más de 50 animales en adopción. Estamos asumiendo el rol que el Estado no asume”, menciona, al tiempo de indicar que otros compañeros no se atreven a denunciar este hecho por temor a retaliaciones.