Las famosas ‘cuotas’ que deben aportar de manera ‘voluntaria’ los padres de familia para la reparación de los planteles fiscales, ha originado el rechazo de estos y el cuestionamiento de expertos educativos. Los primeros indican no contar con los recursos para realizar dicho aporte; mientras que los segundos aseguran que el mantenimiento de las escuelas y colegios fiscales es una tarea del Estado que no tienen por qué asumirla los representantes de los alumnos.

En la edición de ayer, EXPRESO dio a conocer las quejas de los padres por estos cobros que fueron eliminados en el 2008, pero que ahora aparecen con el nombre de ‘autogestión’ y que se han vuelto obligatorios sin considerar si ellos cuentan o no con dinero para hacerlo.

Daniel Samaniego, analista educativo, sostiene que estos cobros están originando problemas en los padres que se desesperan para poder hacerlos efectivos. También está causando molestias en los estudiantes, que sienten vergüenza por ser señalados como los morosos de una deuda que fluctúa entre $ 10 y $ 40, que no han podido cancelar sus representantes.

“Lamentablemente, los padres han tenido que asumir una tarea que es competencia exclusiva del Estado. Y lo hacen con mucho sacrificio porque quieren que sus hijos no detengan su aprendizaje, que se vio mermado durante estos dos años de pandemia, cuando las clases fueron en casa y provocaron vacíos de conocimientos con los que deben lidiar ahora”, remarca el analista educativo.

Patricio Cajas, exdirectivo de Contrato Social por la Educación, cree que la ‘cuota voluntaria’ fue eliminada solo en papeles, ya que en el sistema educativo público siempre han surgido otras formas para exigir contribuciones, debido a la falta de una inversión integral por parte del Estado para mejorar la calidad educativa.

“No se ha invertido lo suficiente en obras grandes como en la infraestructura de los planteles; pero tampoco lo han hecho en cosas pequeñas como la adquisición de bancas, material de aseo, entre otras. Estas tareas muchas veces son encargadas a los padres para que las costeen con sus escasos recursos, cuando es el Estado quien tiene la responsabilidad de hacerlo”, manifiesta.

Las ‘cuotas voluntarias’ son exigidas a través de los comités centrales de padres de familia que se organizan en cada plantel. En este proceso aparentemente no participan los directivos de las instituciones, pero sí dan el visto bueno para que se ejecute.

“Ya no es el profesor o director el que pide el dinero, ahora lo hacen los padres, dizque por su propia iniciativa. Pienso que estos no deberían realizar esta tarea, deberían trabajar en otros temas que involucren la participación e integración de la comunidad educativa. Lamentablemente, a ellos solo se los cita a los planteles para pedirles plata o para obligarlos a limpiar los cursos, barrer los patios, pero no se desarrollan actividades estimulantes con la participación de todos”, explica.

Hay colegios donde se pide una cuota anual de $ 10; pero hay otros que requieren hasta $ 100 para destinarlos al arreglo de baños, construcción de canchas deportivas, pintada de aulas, entre otros trabajos que no están contemplados en las labores de mantenimiento que ejecuta el Ministerio de Educación en varios centros de estudios, con el apoyo del Municipio y la empresa privada.

“Con todas estas entidades trabajando para solventar las dificultades de las instituciones educativas, ya no sería necesario pedir contribuciones a los padres, sobre todo porque el Estado debe asumir su responsabilidad y no delegarla a otros”, menciona Concepción Maridueña, ex directora provincial de Educación.

Ella recuerda que hace 14 años, cuando aún ejercía su cargo, se dejó insubsistente el pago de la ‘cuota voluntaria’ por las irregularidades presentadas en su entorno. “Pero siempre ha existido y nadie lo ha controlado. Ahora sucede lo mismo y las autoridades lo avalan maquillándolo como autogestión”, recalca.

Marlene Segovia, madre de familia, manifiesta que la situación económica sigue siendo compleja y no comprende cómo se toman estas decisiones entre las autoridades de las escuelas y colegios. “Varios padres no estamos de acuerdo con este tipo de cuotas; pero al final debemos aportar, ya que existe el temor de que se tomen represalias contra nuestros hijos”, añade.

Ella lo dice por lo sucedido con el hijo de otra representante, cuyo nombre consta en una lista de morosos que ha sido colocada en la puerta del aula, como informó EXPRESO.

A Carlos Vallarino, psicólogo educativo, le preocupa que se señale al niño que no ha pagado. “Se va creando un ambiente que en lo emocional no es favorable para el desempeño de los menores. A la larga, esto puede originar que los chicos abandonen el sistema educativo porque sus padres no tienen para cubrir esa cuota que no está normada, pero que nadie controla”, anota.

Él coincide con los otros expertos en el sentido de que hay que ser muy directo al decir que “el Estado debe garantizar una educación de calidad, que implica desde la gran infraestructura hasta las cosas pequeñas como el material didáctico con el que trabajan los docentes”.