La demora en la contratación del servicio de monitoreo de calidad del aire en Guayaquil, por parte del Municipio, ha hecho imposible conocer el nivel de contaminación existente, que está pasando factura a la salud de las personas y al medio ambiente.

EXPRESO informó que la contaminación en la ciudad se agrava por el 60 % del humo producido por los buses que circulan sin ningún control por calles y avenidas. La ciudadanía, que es la principal afectada, demanda acciones y soluciones inmediatas de parte de las autoridades, a quienes acusan de estar vulnerando sus derechos.

Así lo señala la abogada ambientalista María del Carmen Martínez, quien habita en la ciudadela la Alborada, norte de la ciudad, quien critica la falta de acción por parte de las autoridades que deben trabajar por el bienestar de la población.

Ella explica que el artículo 86 de la Constitución de la República garantiza a la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. “Pero, en cada jurisdicción, los gobiernos descentralizados (municipios) tienen la obligación de velar para que este derecho no sea afectado y garantizar la preservación de la naturaleza”, menciona, al señalar que si los cabildos incumplen su rol de control, la ciudadanía puede hacer conocer su reclamo ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y al Ministerio de Ambiente para que estos entes recuerden a las autoridades municipales el trabajo que deben realizar.

Mirelli Icaza, especialista en derecho constitucional y excoordinadora de la Defensoría del Pueblo, señala que en el ámbito constitucional también cabría una demanda de acción de protección por omisión, por parte de la ciudadanía, por considerar vulnerados los derechos a su salud. Esta puede ser presentada ante un juzgado.

El Municipio informó a EXPRESO que recién están ejecutando el contrato de Servicio de monitoreo continuo de aire y ruido ambiente que involucra la implementación de los sensores que proporcionarán datos de 23 puntos de la zona urbana de Guayaquil, de manera inmediata y en tiempo real. No obstante, esta tarea fue ofrecida en 2018, cuando se instaló una estación de calidad de aire en la vía a la costa, donde, según especialistas ambientales, la tarea no ha surtido efecto a juzgar por la alta contaminación existente en esa zona a causa de las canteras.

En 2015 y 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) elaboraron estudios que determinaron que la ciudad emite 4.500 toneladas de material particulado y 21.677 toneladas de dióxido de azufre al año, a través de los automotores.

Las zonas donde mayor contaminación se registra son las calles Aguirre, Pedro Carbo, Diez de Agosto, avenida Delta, avenida Juan Tanca Marengo, José Vicente Trujillo, García Moreno, Ernesto Albán y la calle 29. También la Alborada, donde habita la abogada ambientalista.

La ciudadanía y los especialistas aseguran que poco se ha hecho para remediar el problema. Sin embargo, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) dice ejecutar controles rutinarios a la transportación pública. “En caso de registrarse incumplimientos, se aplica la ley de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que estipula multas equivalentes al 30 % de un salario básico unificado del conductor y la reducción de seis puntos en su licencia de conducir”, asegura.

No obstante, Horario Rodríguez, quien asegura tener problemas respiratorios por la grave contaminación del aire en la ciudad, lamenta que no se estipulen acciones penales en contra de las autoridades encargadas de velar por el bienestar de la ciudadanía. “Muchas ya estuvieran detenidas”, puntualiza.