La seguridad de las urbanizaciones privadas se ha convertido en un atractivo para los líderes o miembros de organizaciones delincuenciales que se refugian en condominios particulares de zonas exclusivas de Guayaquil o La Puntilla, en Samborondón. En estos conjuntos habitacionales, el acceso de visitantes es estricto e incluso la Policía no puede ingresar libremente.

Recientemente, el 27 de febrero, en Portal del Sol, en vía a la costa, un operativo resultó en la detención de un ciudadano ruso y su esposa. En la vivienda que fue allanada, la Policía encontró armas, drogas y dinero en efectivo.

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Pero ese no es el único caso. El asesinado narcotraficante Leandro Norero tenía una mansión en Riberas del Batán, en La Puntilla. EXPRESO reveló que Norero tenía una segunda casa de dos pisos, preciada en 375.0000 dólares, en el Parque Residencial Bouganville, también en La Puntilla, en Samborondón.

El narcotraficante albanés Dritan Rexhepi, que escapó de Ecuador en 2022 y que fue capturado en Turquía en noviembre de 2023, tenía su residencia en Central Park Club, de La Puntilla, según consta en los registros públicos de su caso en el sistema de procesos judiciales del Consejo de la Judicatura.

Rubén Cherres, quien era investigado en el caso Encuentro, mientras estaba prófugo tenía reuniones con sus amigos en la casa de su novia, que también fue asesinada con él en marzo del 2023, ubicada en la urbanización Napoli, en La Aurora, en Daule. En octubre de 2023, alias Samir, líder de la banda criminal Mafia-18, fue asesinado en su vivienda ubicada en el kilómetro 11,5 de la vía a la costa.

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En 2022, la Policía advirtió que los criminales alquilan estas viviendas porque creen que dentro de las urbanizaciones pueden continuar con mayor facilidad sus actividades delictivas.

El experto en seguridad y residente de un conjunto privado en Samborondón, Byron Sanmiguel, contó a EXPRESO que en estas urbanizaciones, generalmente, “vive gente tranquila que invierte en su seguridad pagando expensas altas mensuales para tener su jardín y piscinas”. Sin embargo, hay condominios que compran casas a nombre de terceros, lo que resulta extraño. Estas personas son “agresivas” cuando se les solicita que cumplan con las normas comunitarias.

Sanmiguel indicó que hay temor entre las personas que habitan en estas urbanizaciones cuando observan actitudes sospechosas en sus vecinos. Ese temor es el mismo que siente Alejandra, quien pidió proteger su identidad. Ella vive en una urbanización privada de La Puntilla. La mujer, de 33 años, contó que le preocupan algunos vecinos “por los carros de alta gama, vidrios negros y sin placas que tienen”. Alejandra aseguró que en algunas ocasiones ha podido “escuchar conversaciones hablando de su preocupación ahora que los militares están controlando este tema del narcotráfico”. Además, indicó que esos habitantes que le atemorizan suelen mudarse constantemente: “He visto que en ciertas casas es común el cambio de arrendatarios en lapsos menores a un año, justamente de aquellos que andan en ese tipo de carros”.

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Un empresario residente en la Isla Mocolí (La Puntilla), que pidió el anonimato, contó que un hombre extranjero que habitaba en una casa contigua tenía actitudes sospechosas y celebraba fiestas con invitados que llegaban en autos de alta gama, sin identificación. Al rastrear el apellido de su vecino, el empresario descubrió que tenía un prontuario criminal en otros países: “Me asusté... pero cuando asesinaron a (Rubén) Cherres, (el vecino) se fue de aquí”, relató.

Gonzalo Rueda, gerente de MarketWatch, una empresa que realiza inteligencia inmobiliaria, indicó que hay ocasiones en las que individuos se acercan a viviendas en estas urbanizaciones y dicen estar interesados en comprar la casa, incluso si no está en venta. Esto intimida a las familias, que se sienten identificadas y vigiladas.

Para Sanmiguel, el principal problema es que no hay un mecanismo legal que permita “expulsar” a estos habitantes e indicó que tanto las autoridades como los administradores están atados de brazos. Mientras que Alejandra considera que las inmobiliarias deben revisar previamente el historial de los compradores y arrendatarios.

Paula Ormanza, quien habitaba en una urbanización de vía a la costa, optó por irse de su ciudadela ante la desconfianza que sentía.

 “Un par de vecinos no tenían placas en sus vehículos, siempre iba gente extraña en las madrugadas, incluso en época de pandemia y en toque de queda. Las viviendas eran resguardadas por guardaespaldas, pero no de compañías privadas. Era gente que entraba y salía e iba armada. No toleré esa situación, tengo niños y me aterraba. Me fui. Al pasar el tiempo supe que uno de ellos fue detenido, no quise saber ni averiguar más. Pero esa es la realidad que se vive en las urbanizaciones. Ya nadie está seguro”, sentenció. 

• En otras zonas del país: ¿Qué pasa con los complejos habitacionales en la capital?

El 17 enero de este año la Policía allanó una vivienda ubicada en un conjunto habitacional privado de Cumbayá, una zona exclusiva de la capital. Los agentes policiales encontraron más de cien armas, entre pistolas, revólveres, escopetas y rifles, además de municiones. El operativo se ejecutó a pocos días de la declaratoria del conflicto armado interno.

Este hallazgo puso a Quito en el radar de un problema que se creía exclusivo de las ciudades de la Costa ecuatoriana. Para Gonzalo Rueda, gerente de MarketWatch, que consolida información de oferta y demanda inmobiliaria de las principales ciudades del país, indicó que aunque “no se ha presentado una tendencia”, es un asunto que preocupa, principalmente, a los potenciales nuevos vecinos y que ha obligado a los constructores e inmobiliarias a estar alertas.

• Según el censo inmobiliario realizado durante el primer trimestre de 2023 por la Cámara Inmobiliaria, “de las operaciones generadas (compra de viviendas) a nivel nacional, el 52 % se ha realizado en efectivo y el 48 % a crédito”. Los principales lugares donde suceden las adquisiciones en efectivo son Manabí (79%) y El Oro (62%).

Al ser conjuntos privados, Rueda resalta que los criminales buscan estas urbanizaciones por la seguridad, pues creen que podrán continuar con sus actividades ilícitas, “aunque esto impacta a los potenciales vecinos”. Pese a aquello, Rueda indica que todavía no es común que las personas pregunten por quiénes viven en sus urbanizaciones.

Salvo el caso registrado en Cumbayá, no se tiene datos de uno similar. No obstante, las urbanizaciones privadas en Quito han registrado asaltos por parte de grupos delincuenciales. En junio de 2023, uno de los sucesos más preocupantes tuvo lugar en un conjunto de esa zona, cuando un grupo de siete criminales entró a una casa. Mientras perpetraban el asalto, los ladrones amarraron a los dueños y se dieron el lujo de beber los licores más finos de la vivienda.

Los habitantes de las urbanizaciones han optado por organizarse para defenderse de la delincuencia. Ahora podría abrirse otro frente del cual preocuparse.  

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