Hospital Teodoro Maldonado Carbo: Denuncian imposición de funerarias a familiares de fallecidos

En hospitales públicos de Guayaquil, familiares de pacientes fallecidos denuncian presiones para contratar funerarias específicas, mientras trabajadores del sector aseguran que existiría un sistema de cobros ilegales y amenazas para controlar el retiro de cuerpos.

(Te puede interesar: Municipio responde a denuncias por la Silla Vacía y evita hablar con EXPRESO)

La denuncia se sustenta en varios testimonios recogidos por EXTRA, que describen llamadas inmediatas tras los fallecimientos, seguimientos, intimidaciones y pagos obligatorios para permitir la prestación del servicio funerario.

En diciembre de 2025, Luis vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su esposa, madre de sus dos hijos. Aún en estado de shock, apenas habían pasado unos 10 minutos desde que recibió la noticia cuando una llamada telefónica interrumpió su duelo.

“Señor… le ofrecemos el servicio funerario para su esposa. Por favor, acérquese al hospital”, le indicó una voz al otro lado de la línea.

Luis, oriundo de Manabí y residente en Guayaquil desde hace más de tres décadas, recuerda que en ese momento no sabía cómo reaccionar ni cómo dar la noticia a sus hijos.

(Lee también: Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado)

“Mi esposa acababa de fallecer tras varios días internada en el hospital Teodoro Maldonado. No había procesado aún la noticia cuando comenzaron a ofrecerme el servicio funerario. Cuando les dije que ya tenía una funeraria, insistieron en que su opción era la mejor y que me convenía aceptarla. No lo sentí como una recomendación, sino como presión en un momento de dolor”, relató.

Pese a su negativa reiterada, asegura que las llamadas continuaron e incluso habría recibido advertencias.

“Me dijeron que debía aceptar el servicio o atenerme a las consecuencias. Con el tiempo entendí que no era un caso aislado”, añadió.

Otro ciudadano, que pidió la reserva de su identidad, relató una experiencia similar en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en el sur de Guayaquil. Según su testimonio, existiría un patrón de seguimiento e intimidación a funerarias externas que retiran cuerpos del hospital.

(Te puede interesar: Médicos y pacientes protestan en Hospital Pablo A. Suárez de Quito por crisis de salud)

"Si no se contrata la funeraria indicada por el personal, siguen a los vehículos hasta los locales o domicilios, toman fotografías y luego habría amenazas o extorsiones, tanto a funerarias como a familiares”, aseguró.

Los denunciantes señalan además que estas presiones comenzarían incluso antes del fallecimiento de los pacientes.

"Todavía el familiar está con vida y ya están ofreciendo el servicio funerario. Eso genera preocupación e indignación, porque uno está enfocado en la salud de su ser querido”, indicó otro testimonio.

Ante esta situación, piden la intervención de las autoridades para frenar estas prácticas, garantizar la libre elección de servicios funerarios y reforzar la seguridad en los hospitales públicos.

“Se debe poner orden en los hospitales. No se puede jugar con el dolor de las familias ni imponer servicios en momentos de vulnerabilidad”, sostuvo el ciudadano consultado.

Trabajadores de funerarias son amenazados

Germán (nombre protegido), propietario de una funeraria en Guayaquil, también denunció a este Diario presuntos amedrentamientos contra trabajadores del sector desde finales de 2021.

Según relata, las presiones se habrían intensificado desde noviembre del año pasado, cuando funerarias externas empezaron a ser vigiladas al retirar cuerpos de hospitales.

"Siguen a los vehículos hasta los locales o domicilios, toman fotografías y luego llegan amenazas. Incluso nos han dicho que, si no pagamos ciertos valores, pueden atentar contra nosotros”, señaló.

El denunciante afirma que, en algunos casos, se exigirían pagos de hasta 500 dólares para permitir el retiro de un cuerpo.

“Si no se paga, obligan a que el servicio lo haga la funeraria que ellos imponen”, agregó.

Otra trabajadora del sector coincide en que existiría un sistema de control informal alrededor de las morgues hospitalarias, donde incluso personal condicionaría la asignación de servicios funerarios.

“Hay funerarias que trabajan bajo presión constante. Si no aceptan las condiciones, hay riesgos de represalias”, comentó.

Los funerarios aseguran que esta situación pone en riesgo tanto a trabajadores como a familiares de fallecidos, por lo que piden que las autoridades investiguen estos hechos y refuercen el control en los centros de salud.

“Antes había dos bandas que se disputaban el control del servicio. Ahora una se ha adueñado del negocio y nadie puede intervenir. Es un clima de miedo, porque una bala se la pueden disparar a cualquiera”, comentó una prestadora del servicio funerario.

Una vocera del Departamento de Comunicación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que la institución entrega un auxilio funerario que permite a los familiares del afiliado fallecido elegir libremente la funeraria donde se realizará el servicio. El monto del subsidio es de 1.437,90 dólares.

Según el desglose oficial, el cofre mortuorio de madera cuesta 600 dólares; el servicio de velación, 297,04 dólares; la carroza, 150 dólares; el servicio religioso presencial, 100 dólares; y la inhumación, 290,86 dólares, lo que suma el valor total del auxilio.

Un funerario explicó que, en la práctica, algunos procesos pueden verse condicionados por cobros no oficiales que alcanzarían hasta 500 dólares a quienes gestionan los servicios funerarios en el hospital, lo que obliga a optar por alternativas más económicas.

“En esos casos, los beneficios para las familias pueden variar, por ejemplo en el tipo de ataúd, la inclusión del servicio religioso o la cobertura inicial de bóveda, para poder compensar la ‘vacuna’ que deben cancelar y así poder realizar el servicio”, explicó.

Hospital Teodoro Maldonado Carbo: fallas estructurales

María José Agusto Álvarez, experta en políticas públicas, innovación y tecnologías sanitarias y docente de la Universidad Católica y la Universidad Espíritu Santo, advirtió que lo ocurrido en el hospital Teodoro Maldonado responde a una falla estructural de gobernanza en el sistema sanitario.

Señaló que la debilidad en los mecanismos de control dentro de las casas de salud facilita la presencia de actores irregulares y redes informales entre personal de morgue y funerarias, con presuntos cobros asociados a la gestión de servicios, lo que vuelve vulnerable el manejo de fallecidos.

“Es lamentable, pero es una realidad: existe ausencia de gobernanza y de control interno, lo que ha permitido que la muerte se convierta en un mercado”, afirmó.

Añadió que estas prácticas restringen el derecho a una muerte digna, al imponer barreras en la entrega de cuerpos y, en algunos casos, condicionar la libre elección de funerarias, afectando emocionalmente a las familias.

La especialista cuestionó la falta de políticas preventivas y recordó que durante la pandemia de COVID-19 ya se evidenciaron fallas similares en la gestión de cadáveres.

Finalmente, advirtió que la posible presencia de estructuras criminales agrava el problema y pidió fortalecer la trazabilidad, auditoría y control en tiempo real para garantizar transparencia y protección a las familias.

¿Qué responde el hospital Teodoro Maldonado Carbo?

Este Diario solicitó información al Departamento de Comunicación del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Un funcionario, el cual pidió no ser identificado por seguridad, habló sobre la veracidad de las denuncias de familiares y funerarias recogidas en esta investigación. El vocero de la institución respondió a través de un mensaje de WhatsApp:

“En atención a su solicitud de información, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS informa que, hasta la presente fecha, no se han recibido denuncias formales, ni escritas ni verbales, relacionadas con el tema de su investigación. Asimismo, se invita a la ciudadanía a presentar cualquier denuncia a través de los canales oficiales, con el fin de analizar cada caso y, de ser necesario, adoptar las medidas correctivas correspondientes”.

Este medio también consultó a una fuente policial de alto rango sobre posibles alertas o investigaciones relacionadas con estos señalamientos. La fuente indicó que no se han recibido denuncias formales sobre estos hechos y que, en caso de existir indicios, deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía para su respectiva investigación.