Médicos y pacientes protestan en Hospital Pablo A. Suárez de Quito por crisis de salud

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Santiago Carrasco, el coordinador del Área de Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, Juan Barriga y personal de esa casa de salud encabezaron una protesta junto a los pacientes la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 en los exteriores del centro hospitalario, ubicado en el norte de Quito, para reclamar por la falta de condiciones para brindar atención médica, una situación que se agravó por los despidos que ejecutó recientemente el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Te invitamos a leer| Comisión de la Niñez exige información al MSP por crisis sanitaria en Taisha y muertes infantiles

Barriga dijo que el plantón se realiza "porque no tenemos lo necesario para trabajar, hay pacientes de emergencia en lista de espera, la salud se está manejando sin seriedad, hay muchos políticos y no políticas de salud para mejorar la salud. Es el colmo, ya hemos tocado piso. Se cierran los quirófanos, no hay personal ni material para trabajar y piensan que los médicos no queremos trabajar, estamos en desacuerdo de cómo se maneja la salud".

El especialista aseguró que esta es la primera de otras protestas que se realizarán en otras casas de salud en el país. "Es el principio de una lucha gremial de salud a nivel nacional" para que el Gobierno adopte medidas que solucionen la crisis, aseguró. 

"Estamos indignados, ya no damos más. El ministro nombrado (Jaime Bernabé) debería estar acá y dar la cara a lo que está pasando en el sector de salud. Vemos pacientes aquí, de trauma que necesitan inmediata atención médica y el doctor no puede", añadió Carrasco.

Médicos denuncian cirugías represadas

Según Barriga, en el Hospital Pablo Suárez existen más de 1.000 pacientes de traumatología, pero que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente porque los médicos fueron despedidos. "Tenemos pacientes de emergencias en lista de espera y lo más grave es que han comprado las cosas, son fracturados que están esperando porque no las podemos programar. Suspenden (las operaciones) porque no hay personal auxiliar, anestesiólogos, no hay enfermeras", explicó.

El directivo también aseguró que esa falta de personal ha provocado que, de las 75 camas del servicio de cirugía, solo funcionen 28. "El resto están vacías porque no hay personal, no dan quirófano y se dan el lujo de transferirlos a otro lado. Ayer ya se complicó, se agravó", manifestó al contar que en ese hospital han desvinculado a 10 médicos y a una persona de área administrativa.

Dirigente da cifras de los despidos

Carrasco cuestionó el argumento del Gobierno respecto a que la supresión de los cargos se efectuaron para optimizar el presupuesto en el sector de la salud. "Es una locura decir que hay duplicidad, ¿cuál duplicidad si no hay enfermeras, si no hay médicos?" y contó que conoce que, hasta este miércoles, 160 integrantes del personal de salud han sido despedidos y que el objetivo sería desvincular a más de 900 hasta fines de abril.

Entre los participantes de la protesta también estaba el doctor Bolívar Santillán, médico desvinculado del hospital Baca Ortiz, quien aseguró que la grave situación no es solo del Pablo Arturo Suárez, sino de todos los hospitales a nivel nacional.

"En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz no hay sueros para iniciar la quimioterapia a los pacientes con cáncer. La gerente también cerró, sin informe técnico, el área de Neumología y la convirtió en otra área. Con la salud de los niños no se puede jugar, basta de improvisaciones y exigimos el reintegro del personal cesado", resaltó.

La protesta de este miércoles se efectúa después de que la Federación dijo que se manifestará por la "crisis profunda de la salud pública, ver tanta muerte y enfermedad". Carrasco dijo que lo que se busca es que el Gobierno escuche a los especialistas, que designe a personas especializadas, que enfrenten la falta de gestión y la corrupción.

Esto en referencia a que Daniel Noboa designó a Jaime Bernabé como nuevo ministro de Salud, una persona que tenía impedimento para ejercer cargos públicos en el Ministerio de Trabajo y que sería parte de una red empresarial, por lo que tendría conflictos de intereses.