Este martes 10 de noviembre, un grupos de egresados de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, realizó un plantón en los exteriores del centro de estudio superior, para reclamar sus títulos que están represados desde 2018.

Los demandantes estuvieron acompañados de carteles con mensajes que daban a conocer su preocupación. Ellos señalan que el problema se origina por las pérdida de actas desde la secretaría general de la facultad; inestabilidad de las autoridades e incumplimiento de la normativa legal pertinente.

“No se ha cumplido con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que otorga a las universidades un plazo de 30 días para que entreguen los títulos, a partir de la graduación del estudiante; es decir, desde el momento de la sustentación”, explicó Danny Caicedo, uno de los perjudicados.

Él es no vidente y hace dos años egresó luego de cumplir con todos los requisitos académicos. “Sustenté la tesis, tengo el certificado del Consejo de la Judicatura por haber cumplido las horas preprofesionales, pero aún no recibo mi título”, indica, al señalar que esta situación le ha originado problemas, especialmente para conseguir un trabajo dentro de su rama de estudios.

Los mismo dice Adriana Murillo, quien se graduó en este mismo periodo. “Se me han presentado muchas oportunidades, pero por la falta del título no he podido acceder a ellas”, señala algo abrumada.

Cuenta que después de la sustentación le dijeron que aún tenía pendiente una materia. “Pero eso es falto, ya que todas mis notas constan en el Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG)”, manifestó, al mencionar que por varias ocasiones ha dado a conocer este problema a las autoridades de la facultad, pero estas no responden.

Óscar Serrano, otro egresado, explicó que en 2018 la Contraloría General del Estado realizó una auditoría para verificar ciertas irregularidades en el decanato y secretaría de la facultad. “Se llevaron 21 carpetas entre esas la mía. Se comprobó que efectivamente existió irregularidades, pero estas fueron de carácter administrativas y no de los estudiantes”, explica, al resaltar que en febrero de 2020 Contraloría entrega el informe final donde señala que el decanato debe ayudar a los estudiantes que han sido perjudicados por “la ineficacia de la administración”.

Las autoridades de la Universidad de Guayaquil hablarán de esta situación en las próximas horas.