Juan Rodríguez viajaba de pie en un bus desde el cantón La Libertad hacia la terminal terrestre Sumpa, en la provincia de Santa Elena. De repente, en un paradero se formó un alboroto, lo que le permitió darse    cuenta que le habían sustraído una tableta de la mochila que llevaba en su espalda.

“Ni sentí en qué momento la sacaron, abrieron el bolso sin que me dé cuenta”, dijo sorprendido, mientras se lamentaba por la pérdida del dispositivo. “¡Ese hombre fue quien le robó!” decía otro de los viajeros que apuntaba a dos individuos que bajaron a la carrera, en plena marcha del carro.

Ese mismo día, le sustrajeron el teléfono móvil a Carmen Yagual cuando bajaba de un transporte público en el mercado de La Libertad. El hurto fue similar al ocurrido a Juan.

“Iba una mujer adelante de mí y, al parecer, se le cayeron unas monedas. Un hombre me empujó de atrás y me fui encima de la señora, que se agachó para recoger su dinero. Cuando ya estaba en la calle me percaté de la desaparición de mi teléfono celular”, narró Yagual.

Esta movilidad de robo está cansando a los peninsulares que, casi a diario, se ven perjudicados en las unidades de transporte público. A la mayoría le sustraen sus teléfonos móviles y billeteras con dinero. Según el Departamento municipal de Justicia y Vigilancia de La Libertad, hasta julio se cometían 8 asaltos al mes. Y, aunque actualmente la cifra se ha incrementado drásticamente a cerca de 40, un índice bajo en relación a otras ciudades de la Costa; para sus habitantes resulta alarmante ese aumento.

Según la policía, se trataría de una organizada banda de delincuentes que se dedica a hurtos. Se ha establecido que los pillos actúan en grupos formados entre cuatro y cinco personas, inclusive mujeres y niños. Actúan de preferencia en buses que van copados de viajeros y, en pleno recorrido, crean una confusión para sacar los artículos de quienes ven blanco fácil, pues la mayoría no siente cuando le sacan sus pertenencias.

En lo que va de diciembre, la policía ha logrado detener en dos oportunidades a los sospechosos cuando supuestamente han cometido sus fechorías dentro de los buses, pero los aprehendidos en pocas horas recuperan la libertad. El principal motivo es la falta de denuncias y no se los puede procesar.

“Como son tan ágiles no se les encuentra nada de lo robado cuando se los detiene, en uno de los casos la retenida fue una mujer que presentó un certificado de salud que estaba embarazada y se la tuvo que dejar libre”, explicó Ángel Mejía del área de Justicia y Vigilancia de La Libertad.

Lo que fue corroborado por el coronel José Vargas Alzamora, jefe policial en la Península, “tenemos leyes muy garantistas, esa es una deficiencia en el sistema judicial. Nosotros (policía) actuamos, pero cuando se inicia el proceso en la Fiscalía y los juzgados nos encontramos con ciertas trabas”, expuso el oficial.

Víctimas no registran la denuncia

Carlos Alcívar Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de Santa Elena, manifiesta que nadie se quiere arriesgar a denunciar por temor a alguna represalia y eso obliga a que los administradores de justicia tengan que abstenerse de acusarlos.

En su caso, Rodríguez sí presentó la denuncia en la Fiscalía y está a la espera de que en cualquier momento detengan a los ladrones. Yagual cree que el trámite en los entes de justicia es engorroso y no se recupera lo perdido.