La próxima semana no solo será determinante para el futuro del país, con las elecciones presidenciales del domingo 7 de febrero, sino también para los usuarios del transporte público de Guayaquil, que están expectantes de las resoluciones de los diálogos prometidos entre la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) y autoridades locales y gubernamentales, a propósito del impacto en la liberación del precio del combustible, decidida en decreto presidencial.

El lunes pasado, la ciudad se levantó con la amenaza del gremio de reducir las horas de recorrido de las 2.700 unidades, pues afirman que existe un presupuesto que se salió de margen con el alza del diésel (estaba a $ 1,08 y ahora alcanza el $ 1,33 el galón), lo que ha generado un impacto de 10 a 12 dólares por unidad, que hizo más grave la crisis de este sector.

En Ecuador se consumen 1.300 millones de galones de diésel al año y su precio está muy por debajo del valor internacional, que bordea los $ 3,3 el galón. Esto amerita, inevitablemente, que alguien tome la posta de ese alza, por el bien del país, analiza el exministro de Economía Fausto Ortiz.

El dilema es en dónde debe recaer ese rubro. Está claro hoy que los transportistas no quieren echarse al hombro la liberación del precio del combustible y han señalado que la ruta más factible, además de un posible subsidio, es el aumento de diez centavos al precio del pasaje, que hoy vale 30 centavos.

Y allí entra lo difícil del tema. Endosar al usuario esa responsabilidad no es conveniente en tiempos electorales, analiza Ortiz. “Por ahora, el Gobierno tendrá que dar el subsidio, pero es necesario determinar, con cifras, cuál es el impacto que genera el alza al transporte público y de carga”.

Ortiz dice que una opción es revisar la compensación que el Estado recibe por la liberación y de ese rubro manejar un acuerdo para mitigar el impacto. Aunque reconoce que en algún momento se tendrá que tomar la decisión de llevar esos costos al usuario.

Desde la Autoridad de Tránsito Municipal no hay claridad en torno a las decisiones venideras. De hecho, EXPRESO hizo una solicitud de información para saber, entre otros puntos, por qué no se ha hecho nada desde la ATM ni el Municipio para subsanar la crisis que también golpea a los buses, que mueven al 80 % de los ciudadanos, pero no hubo respuesta de la entidad.

En cambio, argumentó que a la metrovía sí se la ayuda con un fondo porque “es el eje articulador del transporte público de la ciudad y su estructura fue levantada con una inversión municipal, por lo que es imperativo que se cuide y se protejan dichas inversiones”.

De acuerdo a la urbanista Lisseth Mena, en este momento económico que vive el país, pensar en un alza del pasaje no es apropiado. Ella coincide con el exministro Ortiz en que por ahora será mejor que sea la autoridad la que subsidie. Añade además que es poco probable que pueda haber una operatividad sin acuerdo, pues conoce de cerca el problema y la crisis en la que está sumergida el gremio es muy grande. Ayer, el presidente de Fetug, Cristian Sarmiento, calculaba que podía superar los $ 70 millones.

La arquitecta Liliana Carbonell cree que el Municipio tranquilamente puede no solo subsidiar, sino optimizar el sistema de una manera real y eficaz, pero ha preferido invertir millones en la aerovía, que no sirve como transporte, critica.

Felipe Espinoza fue funcionario municipal y hoy investiga a la urbe desde su planificación. Desde la Universidad de Guayaquil explica que, si se optimizara el modelo de forma articulada, si se haría más eficiente, habría precios más razonables.

“El tema va más allá de subir o no la tarifa, o de si el municipio debe subsidiar o no. El transporte hoy no es eficiente y hay que trabajar en este tema, incluso pensando en el gran Guayaquil, porque el problema es a nivel intercantonal”, dice.

Por la pandemia, hay una disminución de pasajeros al 40 % por vehículo. Esa nueva normalidad también recrudeció la crisis.