Mil quinientos dólares al mes en alícuotas y más de quinientos por impuestos prediales, es lo que paga un residente de una urbanización exclusiva en la parroquia La Puntilla (Samborondón), pero eso no representa lo que asegura vivir a diario al salir de la ciudadela donde habita. El miedo, la zozobra y hasta la paranoia que le provoca la inseguridad no lo dejan circular por las calles con tranquilidad.

La angustia por la situación que vive el país es tal, que la mayoría de moradores de La Puntilla consultados por EXPRESO prefieren evitar que su nombre sea publicado, por el miedo a las extorsiones y los robos. “Le doy toda la información, pero solo le ruego que no me exponga. La delincuencia es terrible, es mejor mantenerse en anonimato”, solicitó el hombre, que reveló que prefiere salir lo menos posible de su vivienda por el temor a los actos delincuenciales. “Por mucho que pagues, igual no tienes seguridad al pisar fuera de tu casa. Eso es un hecho”, sentenció.

Fernando Huamán, residente de la urbanización La Puntilla, considera que los trabajos que realizan las autoridades realmente son mínimos. “No se ve todo lo que dicen que hacen. La seguridad que supuestamente contratan nunca la veo. Nosotros solo con alícuotas hemos instalado más de 100 cámaras, tenemos una empresa de seguridad 24/7 en vigilancia, hemos instalado seguridad máxima al pie del río, pero uno sale de la ciudadela y es totalmente otro mundo”, comentó el presidente de la urbanización.

Byron Sanmiguel, residente de otra urbanización ubicada en la calle Los Arrozales, calificó la situación que vive como una falsa “burbuja”. “Yo prefiero hacer todo desde casa y salir lo menos posible. La mayoría de los residentes de aquí (pidió mantener en reserva el sitio) hacemos oficina aquí y salimos solo para cosas estrictamente necesarias”, explicó Sanmiguel.

El residente, que además es experto en seguridad, contó a EXPRESO algunas de las medidas que han tenido que aplicar en su ciudadela. “Tenemos seguridad con láser infrarrojo, como el que usan en los bancos, para evitar que las personas ingresen por la ría. Si alguien pasa por ahí se activa una alarma. Hemos contratado una empresa externa que todo el tiempo está monitoreando por cámaras de seguridad. También hemos aplicado otras medidas de seguridad de última tecnología que nos dan tranquilidad, pero uno sale de aquí y se rompe la burbuja” insistió Sanmiguel, que reveló que paga más de 1.000 dólares entre alícuotas e impuestos. “La seguridad lo vale. Lástima que afuera no se invierta tanto en seguridad como sí lo hacemos los residentes”.

EXPRESO ha contado en una serie de reportajes que en algunas urbanizaciones del sector de El Tornero, los hampones se han metido a las casas, amedrentado a los guardias de seguridad y robado en el interior de las casas, lo que preocupa a los moradores de esta zona, que confesaron estar desesperados por la situación que sufre el país.

Alberto Montalvo, habitante de un conjunto residencial de El Tornero, criticó la tibieza del Municipio de Samborondón a la hora de establecer orden. “Hace meses anunciaron que tenían un plan para hacer un Samborondón más seguro, pero no se observa una continuidad. En general, cada ciudadela y vivienda hace su inversión con cercados eléctricos y seguridad privada, pero se requieren más cámaras enlazadas con el 911 y que tengan respuesta inmediata”, pidió Montalvo.

EXPRESO solicitó una entrevista con el Municipio y con la Policía Nacional para conocer qué acciones radicales se están tomando actualmente para disminuir esta sensación de inseguridad por parte de los residentes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Ante el silencio de las autoridades, un grupo de representantes de urbanizaciones en la zona de Los Arrozales decidieron contratar una camioneta, para que a diario circule por ese sector por las noches para reforzar la guardianía. Sin embargo, fuera de ello, se mantiene la inseguridad.

En la zona de Entre Ríos sus moradores también han denunciado una serie de asaltos, especialmente por las noches, a los vehículos estacionados. José Alberto Reyes destacó que esta batalla contra la delincuencia no la puede ganar sola la ciudadanía. “Por más que nosotros nos matemos contratando seguridad, de nada sirve si las autoridades no hacen su parte. Es increíble que en toda La Puntilla, que son más de 150 urbanizaciones, solo haya una UPC (Unidad de Policía Comunitaria). Así como nosotros pagamos bastante dinero en impuestos, esos recursos deben ser invertidos en seguridad para Samborondón”, reclamó Reyes.

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