El crecimiento desordenado de las ciudades y el uso ineficiente de recursos naturales ha exacerbado el cambio climático y millones de residentes, sobre todo los pobres de zonas urbanas, están en riesgo.

Como es de conocimiento público, Guayaquil ocupa el cuarto lugar de las ciudades más vulnerables del mundo en temas de inundaciones desde hace ocho años, y alertas desde el gobierno provincial dan cuenta de su creciente vulnerabilidad, tras el más reciente registro de poblaciones rurales que quedaron bajo el agua en la época de lluvia de 2021, nada comparado, por supuesto, al golpe invernal de 2019, que dejó 20 muertos en Guayas.

El cambio climático no solo amenaza con inundaciones, sino otras consecuencias, como la subida del nivel del mar, que cubre zonas agrarias, los cultivos podrían perderse definitivamente y con ellos esa forma de sustento para las familias. Eso sumado a las inundaciones en zona urbana, que pueden causar fenómenos de migración, es base suficiente para empezar a actuar. O así debería ser.

Lo advierte el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, en un curso para periodistas sobre Desafíos de las Ciudades frente al Cambio Climático, en el que Diario EXPRESO fue el único medio de Ecuador.

Este rotativo aterriza con expertos locales algunas de las soluciones aplicadas en otros territorios de la región.

• Reservorios

Se analizaron casos como el de Santa Fe, en Argentina, donde el gobierno local construyó reservorios hídricos, posibles gracias a un reglamento de ordenamiento urbano. Allí, además, se ha trabajado un concepto denominado retardadores pluviales, que son dispositivos que se pueden aplicar tanto en viviendas como en desagües pluviales de gran escala. Estos aparatos permiten la retención del agua en el pico temporal y la desaceleración de su evacuación a la red.

El presidente de Ingenieros Sin Fronteras, José Baquero, explica que la ciudad ya identificó las zonas más vulnerables (Lomas de Urdesa, Urdesa central, la avenida Guillermo Pareja y Mapasingue), y que una forma de aplicar esas técnicas es construir grandes cisternas de recolección en sitios públicos, cercanos a esas zonas, para luego evacuar dicha agua cuando baje la marea o, mejor aún, reutilizarla en funciones secundarias, como el riego de la vegetación o el buen uso que sea necesario para la ciudad.

El costo por cada uno de los reservorios, de capacidad para 13.000 metros cúbicos, sería de entre 1 a 1,5 millones de dólares, dependiendo de muchos factores, como su ubicación o el área con su profundidad, asegura el experto.

• Restaurar lo verde

La apuesta por lo verde en lo rural y lo urbano es otra de las soluciones. También en Santa Fe, se apuesta por veredas verdes a través de ordenanzas.

El exoficial de Marina, experto en hidrografía, puertos y medioambiente, Pablo Suárez, recuerda que los esteros de Guayaquil ayudaban, pero han sido urbanizados casi en su totalidad. Una proyección de lo que había y lo que hay es necesaria.

Con él coincide la catedrática Natalia Molina, quien ahora mismo trabaja en la red de áreas verdes que se quiere proponer a Guayaquil, con una lista de plantas que permitirán recuperar permeabilidad.

No hay un monto, pero sí un diagnóstico en torno al tema. “Hemos perdido capacidad de absorción de agua con todos los planes de vivienda asentados en los humedales. Si queremos cambiar eso, debemos dejar de urbanizar. Ahora mismo hay una amenaza en Villa Bonita, por ejemplo”, explica.

Lo que tiene que hacer Guayaquil, insiste, es recuperar una franja de 200 metros de manglar en todos los contornos del estero, para reducir el impacto de las inundaciones. No es cuestión de poner unos cuantos arbolitos”, dice.

• Jardines de agua

La ciudad de Santa Fe puso en marcha, además, un proyecto, luego de la aprobación de un reglamento local, que invitó a los grandes edificios de la urbe a construir piscinas al pie de las avenidas, que fungen de retardadores particulares y parecen ornamentales. Luego de su aplicación se comprobó que hasta 40 calles dejaron de inundarse con ese sistema.

Para aplicar una solución así en Guayaquil, se podría sectorizar adecuadamente los sitios de mayor vulnerabilidad y hacer alianzas estratégicas con la empresa privada, explica Enrique Ponce, excoordinador zonal de la Secretaría de Riesgos.

Sin embargo, para que haya un cambio radical, y lo apunta por su propia experiencia, es importante que el tomador de decisión tenga voluntad política de hacerlo. “El plan de ordenamiento territorial debe sentar sus bases en la identificación de amenazas naturales”, sugiere el exfuncionario.

“Existen herramientas apropiadas para detectar esas amenazas, como estudios exhaustivos, que se han hecho ya, pero que no tienen mayor repercusión en la acción. Es cuestión de generar líneas de acción y lograr reducción de riesgos”, analiza Ponce.

• Zanjas en lo rural

En San Salvador se aplican proyectos de restauración de vegetación y zanjas de infiltración en la zona rural, creadas con la comunidad con la participación de múltiples actores.

La cuenca del Guayas tiene una extensión de 32.500 kilómetros cuadrados y posee dos subcuencas, la del Daule y la del Babahoyo. La primera tiene un regulador: la represa Daule-Peripa; la otra no tiene. Los sedimentos que bajan de la cuenca alta hacen que se pierdan los cauces y agravan la situación en otros sectores. De allí que hayan inundaciones cada año.

Desde la Prefectura se intenta aplacar estos efectos, que tienen repercusiones negativas en la agricultura, la ganadería y la esencia misma del Guayas, pues se conoce que en gran parte de este sector de la cuenca la navegabilidad se ha visto comprometida.

El experto en hidrología, Pablo Suárez Proyecto, indica que la estrategia de El Salvador podría cambiar este escenario. Se evitarían inundaciones, se abastecería el tema hidroeléctrico y se garantizaría la provisión de agua cuando hay sequía, sostiene. El problema que existe, reconoce, es que puede ser que no haya precipitaciones y los canales se llenen de basura y vegetación, por eso es imperativa la existencia de un plan de mantenimiento. “Hay que tener costo para el mantenimiento y hoy no se destinan rubros para ese tema en las áreas rurales. De allí que los esfuerzos sean insuficientes”, precisa.

• Priorizar públicos

La abogada con foco en Derecho Urbanístico Latinoamericano, Melinda Maldonado, fue una de las ponentes en el encuentro con Lincoln. Resaltó la importancia de que se piense en personas en zonas de peligro, pues son poblaciones que agravan el riesgo de posibles inundaciones y pérdidas.

Sobre esto también habla el exdirector zonal de Riesgos. El Gobierno aplicó en 2013 el Plan Troya, un modelo de gestión integral de los riegos en el país, que buscaba fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, que son los llamados a generar territorio seguro. En lo que hay que trabajar hoy, reconoce, es en dar continuidad a ese tipo de acciones a través de la planificación del desarrollo urbano.

• Políticas públicas

Lincoln mostró que se pueden aplicar políticas públicas para mitigar el impacto del cambio climático, como reducir el impuesto predial para quienes tengan conductas amigables con el ambiente o cobrar para la obra de mitigación en una tasa. Esto último lo aplicó Barranquilla, Colombia, con una tasa para consumir menos agua, pero en cada territorio es medular analizar estrategias.

Desde la visión del experto Pablo Suárez, es el Ministerio del Ambiente el que debe aplicar acciones y vigilarlas. “Las políticas de control del agua tienen que ser públicas y a largo plazo, tienen que prevenir desastres en áreas agrícolas, incluir alianzas firmes...”. “Tenemos la prevención desarrollada, pero mal planificada. Hay que ver el recurso hídrico como un patrimonio, así como se hizo con el manglar”, sostiene.