Blue Town: Constructora gana disputa legal en Puerto Azul y moradores advierten con manifestaciones

La Prefectura del Guayas, al mando aún de Marcela Aguiñaga, falló a favor de la constructora Shiva en la disputa legal y ambiental por el desarrollo comercial Blue Town Center. Ante la resolución que desestima la existencia de un acuífero protegido en el terreno, la dirigencia vecinal de Puerto Azul advierte con trasladar su reclamo a la vía pública.

¿Conflicto legal que se avecina a su fin? 

La pugna administrativa por el levantamiento de cuatro torres de 12 pisos suma un nuevo dictamen este abril de 2026. Mediante resolución de segunda instancia firmada el 31 de marzo, el Gobierno Provincial negó el recurso de apelación interpuesto por el comité de la urbanización. El documento ratifica la legalidad del registro ambiental vigente y descarta la obligatoriedad de tramitar una licencia de mayor rigor.

Andrés Ortiz, abogado de la obra, sostiene que el pronunciamiento de la autoridad competente cierra las vías administrativas para los opositores. “Con este fallo se desvanece definitivamente la tesis sostenida sobre la supuesta existencia de un ojo de agua en los terrenos. Ya no tienen nada abierto, todos (los procesos) han perdido”, detalla el jurista.

La defensa técnica subraya que entidades como el Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Agencia de Regulación y Control del Agua han respaldado los peritajes del proyecto. Asimismo, Ortiz reconoció que el comité está prestando facilidades para el inicio de labores y exhortó a la contraparte a entablar un espacio de diálogo público.

Advertencia ciudadana y presunta infracción

La directiva barrial rechaza la conciliación y denuncia alteraciones físicas en el predio. José de la Gasca, presidente del comité de Puerto Azul, menciona a EXPRESO que la propuesta de diálogo evidencia falta de firmeza en los permisos obtenidos. Además, expone una nueva alerta sobre la operatividad del consorcio: “Lo único que están haciendo es bombear el agua del acuífero a la red de alcantarillado de la ciudadela, lo cual constituye una infracción ambiental”.

De la Gasca advierte que, ante la negativa de las autoridades, a la comunidad —que ha rechazado la obra en cuatro asambleas generales— no le quedará más alternativa que "salir al carretero y obstruir el tráfico" para forzar una verificación técnica en territorio, exigiendo un estudio hidrogeológico independiente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

Pese a la luz verde provincial en el ámbito ambiental, los residentes mantienen la vigilancia sobre el cumplimiento urbanístico. El comité recuerda que el Municipio de Guayaquil estableció prohibiciones expresas sobre el uso del espacio compartido. El proyecto no puede intervenir el muro perimetral ni utilizar la calle pública Victoria Concha de Valdez para desplazar garitas o facilitar logística de maquinaria pesada.

"Si esos permisos fueran intangibles, no se habría dado la suspensión por más de año y medio", cuestiona la vocería ciudadana, manteniendo la postura de que la infraestructura interna de la urbanización no puede ser alterada por el desarrollo comercial.