Es innegable que Guayaquil ha vivido una transformación urbana los últimos años, pero hay algo que sigue igual hace dos décadas, la concesión del servicio de agua potable a Interagua.

En medio de críticas por un servicio deficiente, pestilencia en el sector norte por mal manejo de la planta y un proceso administrativo que puede derivar en una sanción de $ 80 mil, la empresa cumplió este 2021 20 años al frente de los servicios de agua potable y alcantarillado de la urbe.

Y ahora que algunos asambleístas han decidido tomar por las riendas el tema de los malos olores en el norte, y que varios colectivos propusieron a la Corte Constitucional una consulta popular en donde una de las preguntas sugiere no renovar la concesión (una vez terminado el contrato, dentro de diez años), actores sociales y expertos en diferentes materias analizan cuán beneficioso es continuar el acuerdo y cuán urgente rever las cláusulas.

Mientras el Ministerio del Ambiente sigue en silencio, igual que el Municipio, Emapag e Interagua, EXPRESO toma nota de las especificaciones del contrato que son señaladas como poco beneficiosas o incumplidas por actores que han fiscalizado a Interagua estos años, como los dirigentes del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, cuyo presidente, Marlon Cabrera, señala el acuerdo como “la perjudicial privatización de un servicio público disfrazada de concesión”.

No es la primera vez que se hacen observaciones, en su tesis de maestría en Administración de Empresas, Jéssica González Vásconez analizaba en 2015 los beneficios socioeconómicos de la concesión, y concluía que esta produce impactos ambientales y económicos.

Menciona, entre estos, los cortes de agua imprevistos, los que se ejecutan a personas de bajos recursos, la falta de expansión de la ampliación de los servicios a barrios específicos y, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la rehabilitación y expansión de los servicios.

El contrato dice, por ejemplo, que la concesionaria “será responsable de la planificación, financiamiento y construcción de las futuras plantas de tratamiento de aguas servidas”, algo que hoy es claro que no se cumple del todo, advierte Cabrera, pues son Emapag y el Municipio las entidades que pagan obras costosas como la planta de Los Merinos, que tratará las aguas residuales de 1,5 millones de habitantes del noreste y tendrá un costo referencial de $ 170 millones, y la de Las Esclusas, cuyo costo asciende a $ 98 millones y prevé servir a sectores del sur.

La cláusula quinta del acuerdo es clara en torno al tipo de servicios que debe ofrecer la concesionaria. Contempla desde planes quinquenales hasta estándares de calidad requeridos, que hoy están en duda a propósito del proceso administrativo y otros registros.

Sobre ese punto, en 2020, Emapag señaló que se aplicaron tres cargos de infracción por interrupciones del abastecimiento de agua potable, y este año hay un cargo de infracción, tres notificaciones de infracción por calidad del servicio en los sistemas de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y sistema de alcantarillado pluvial y un proceso administrativo que ha sido noticia los últimos días, y que representa, precisamente, un incumplimiento a la cláusula quinta, por no contar con el equipamiento adecuado, pues se conoce que la planta de tratamiento del norte hoy trabaja a su máxima capacidad y la misma Emapag, rectora de Interagua, señaló a la concesionaria por mal manejo de la misma (ver nota inferior).

A eso se suman kilómetros y kilómetros de tuberías de asbesto no renovadas a PVC, que le cuestan cortes de agua a la ciudad que son casi una insignia cultural, como los registrados de vez en vez en Urdesa.

Uno de los parámetros más señalados, sin embargo, es el de la inversión. En el 2020, al cierre del año, contando con aproximadamente 56 mil usuarios promedio, Interagua registró un monto de $ 163,8 millones por facturación.

Esa cifra anual casi iguala a la que se supone que, de acuerdo a la planificación, en el período comprendido de julio 2016 hasta julio 2021, la empresa debía invertir en obras. Esto es unos $ 107,5 millones. Aun así, debido a la pandemia, Interagua suscribió un acuerdo para diferir $ 10 millones en inversiones hasta el 31 de diciembre del 2021.

Este medio pudo acceder, además, al estado financiero de la concesionaria, y revisar que en 2020 presentó una utilidad neta de $ 14,8 millones.

Respecto a estas realidades, Manuel Macías, director del Observatorio de Políticas de Guayaquil y consultor en asuntos públicos en gobierno y sociedad civil, cree que es hora de negociar los planes quinquenales del contrato. “Solo en los últimos dos quinquenios se han invertido $ 211 millones, pero la empresa privada busca el mayor lucro posible en los términos contractuales, de allí que el negocio sea muy rentable para Interagua”, dice.

EXPRESO extendió una solicitud a Interagua para que especifique cuánto se invierte en operación y cuánto en obras al año, y pidió copias del plan de contratación anual y del plan operativo anual, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

Interagua ofrece agua potable, de acuerdo a su último informe general, a 2,4 millones de personas y alcantarillado a 2,04 millones, con 5 plantas operadas hasta julio de 2020, una de ellas, la del norte, con reporte de mal manejo del que aún no se tienen mayores detalles técnicos.

CRONOLOGÍA de algunas de las sanciones a la concesionaria

• 09/08/2021. Emapag inicia un proceso administrativo contra la operadora por el inadecuado manejo de las lagunas de oxidación.
• 07/09/2020. El Cabildo anunció que multó a Interagua con 45.000 dólares, por generar cortes que superen las 12 horas de interrupción.
• 11/02/2020. Se resolvió multar con $ 45.000 a la concesionaria por el corte del servicio de agua del 6 al 8 de diciembre de 2019 en la vía a la costa.
• 28/06/2012. Dos cortes de agua, uno sin previo aviso y otro de más de un día, le valieron a la concesionaria sendas multas de $ 22.500 cada una.
• 02/10/2008. La entonces Ecapag inició acciones para el cobro de una garantía de $ 5 millones por incumplir con la instalación de alcantarillado.

Incumplimiento, motivo de finalización del acuerdo

En su cláusula vigésima, el contrato con Interagua contempla caminos para dar por finalizado el convenio antes del tiempo estipulado.

El numeral 20.1 explica en las causas que esta finalización puede tener lugar por vencimiento de plazo, mutuo acuerdo (en cualquier momento), caducidad por culpa de la concesionaria, resolución por culpa del concedente, caso fortuito o fuerza mayor, o quiebra de la concesionaria declarada judicialmente.

Por mutuo acuerdo, el contrato podrá terminar en cualquier momento. Por caducidad por culpa de la concesionaria, el concedente tendrá el derecho de declarar la caducidad de la concesión cuando Interagua hubiere incurrido en situaciones como incumplimientos graves y reiterados de la prestación del servicio o que afecte a la salud de la población.

También se podrá acoger a este punto cuando las sanciones impuestas por incumplimiento de las metas sobrepasen el millón de dólares en el mismo año, así como la falta de prestación, renovación o restablecimiento oportuno de la garantía de fiel cumplimiento.

Con esos antecedentes, desde el Observatorio Ciudadano contra el Abuso de Recursos Públicos, Pedro Granja señala que la concesión debió haber sido revocada hace 9 años, en noviembre del 2012, cuando Interagua aprobó un plan de inversiones por solo $ 22 millones, cuando las estimaciones mínimas para ese año superaban los $ 31 millones.

El contrato señala como otro de los motivos para finalización el caso fortuito o fuerza mayor, que tendrá lugar si es imposible el cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales convenidas, tras un evento que no puede ser previsto o evitado, y siempre que no sea consecuencia de negligencia o intención de la parte que lo invoca o del personal a su cargo.

Otras especificaciones

• Trámite. Cuando el concedente considere causa de caducidad, deberá notificarlo por escrito a la concesionaria.
• Opción. La concesionaria tendrá un plazo de 30 días para subsanar y podrá solicitar una prórroga de 30 días más.
• Resolución. Puede darse si el concedente (Emapag) no respeta la condición de exclusividad de la explotación del servicio.