Mafias mineras pierden casi $2.000 millones y su estructura cae: esto dice Defensa

El Ministerio de Defensa de Ecuador estima que las operaciones ejecutadas contra la minería ilegal desde inicios de este año han generado una afectación cercana a los 2.000 millones de dólares a las estructuras criminales vinculadas a esta actividad ilícita en el país.

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Como parte de los resultados de los operativos, las autoridades reportaron el desmantelamiento de 714 campamentos ilegales, la inhabilitación de 981 accesos a minas, la destrucción de 231 excavadoras y la eliminación de 150 dragas utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

Desde la cartera de Defensa se indicó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en distintas zonas del territorio nacional.

Operaciones militares en el Parque Nacional Podocarpus

En este contexto, el Ejército ecuatoriano informó sobre operativos de infiltración aérea en los sectores de San Luis, Dos Camas y La Aída, ubicados en el núcleo del Parque Nacional Podocarpus, una reserva natural situada entre la provincia de Loja, al sur del país, y Zamora Chinchipe, en la Amazonía ecuatoriana.

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Las intervenciones en esta área son consideradas de alta prioridad debido a la presión creciente de actividades extractivas ilegales en zonas de alto valor ambiental.

El Parque Nacional Podocarpus abarca una extensión aproximada de 146.280 hectáreas y forma parte del sistema de áreas protegidas del Ecuador desde 1982. Además, cuenta con reconocimiento internacional al integrar la Reserva de Biosfera declarada por la Unesco en 2007.

Desde 2025, el parque también es parte del Corredor de Conectividad Podocarpus-Yacuri, una iniciativa orientada a la conservación de ecosistemas estratégicos y la protección de la biodiversidad en el sur del país.

Ecuador mantiene desde 2024 un estado de “conflicto armado interno”, decretado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que el Gobierno califica como terroristas y vincula principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.