Reimberg sobre minería ilegal: "el toque de queda atacó la economía criminal"

El toque de queda aplicado entre el 15 y el 30 de marzo en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro concluyó este lunes a las 05:00, en medio de un balance oficial que apunta a los resultados operativos obtenidos durante ese período. La restricción formó parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar al crimen organizado, con énfasis en afectar sus fuentes de financiamiento.

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En una entrevista en Radio Forever, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la medida tuvo como objetivo central golpear la economía de las bandas criminales, más allá del control de la movilidad ciudadana. Según el funcionario, el toque de queda permitió ejecutar operaciones que, en condiciones normales, habrían sido más complejas o riesgosas.

Reimberg afirmó que una de las prioridades fue la minería ilegal, a la que calificó como una de las principales economías criminales del país. De acuerdo con su versión, durante el período de restricción se realizaron operativos —algunos visibles para la población— que incluyeron el uso de artillería y la destrucción de maquinaria, campamentos e infraestructura vinculada a esta actividad. “Se atacó una de las primeras economías criminales”, sostuvo.

Pistas clandestinas y centro de acopios: los objetivos en el toque de queda

El balance también incluyó acciones contra el narcotráfico. El ministro indicó que se destruyeron pistas clandestinas utilizadas para el transporte de droga, incluso en zonas cercanas a centros poblados. Además, se intervinieron centros de acopio con grandes cantidades de estupefacientes, lo que, según explicó, justificó la necesidad del toque de queda como una herramienta para facilitar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

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Estas operaciones, añadió Reimberg, generaron reacciones dentro de las estructuras criminales afectadas. Señaló que la destrucción o incautación de droga suele desencadenar represalias internas contra quienes tenían a su cargo la custodia de los cargamentos. Pese a ello, aseguró que durante este período se logró destruir más de 37 objetivos vinculados al narcotráfico.

Otras acciones incluyeron la intervención de inmuebles utilizados para secuestros, extorsiones y reuniones de grupos delincuenciales, así como operativos enfocados en desarticular redes de extorsión en horarios considerados estratégicos. El ministro indicó, además, que el balance general deja más de 1.000 personas aprehendidas, así como la neutralización de algunos integrantes de estructuras criminales, aunque no ofreció detalles sobre estos casos.

Las pérdidas económicas para las estructuras criminales

Reimberg recalcó que el concepto de atacar la economía criminal no se limita al dinero o al lavado de activos. En su explicación, incluye la pérdida de infraestructura, bienes y logística, como pistas, inmuebles, vehículos, armas y maquinaria pesada. Desde esa perspectiva, estimó que el impacto económico global de los operativos alcanza varios cientos de millones de dólares.

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Como ejemplo, mencionó una intervención específica contra minería ilegal que, según reportes revisados por el Ministerio del Interior, habría provocado pérdidas de entre 100 y 110 millones de dólares para las estructuras involucradas. El ministro sostuvo que esta actividad se ha consolidado como una economía ilícita incluso “más segura” que el narcotráfico, debido a la facilidad con la que el oro extraído ilegalmente puede incorporarse al circuito formal a través de intermediarios.

“La minería ilegal permite transformar el producto y hacerlo pasar como legal, y ahí es donde empiezan a aparecer grandes cantidades de dinero”, explicó. Por eso, insistió en que atacar estos procesos de “legalización” resulta clave para debilitar al crimen organizado.

Con el levantamiento del toque de queda, el balance oficial deja abiertas las preguntas sobre el impacto real y sostenible de estas operaciones en territorios donde las economías ilícitas continúan adaptándose y regenerándose con rapidez.

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