Ecuador lleva años siendo uno de los países más restrictivos en materia de juegos de azar. Los ecuatorianos no pueden jugar en casinos presenciales. Aunque eso no impide a los usuarios acceder a plataformas de juego extranjeras, ya que la ley no se extiende a ellas. De hecho, la normativa actual no ha establecido regulación alguna para los casinos online. 

Situación que parece estar cerca de cambiar, puesto que el presidente de Ecuador propuso en enero de 2024 que ya era hora de cambiar de políticas y empezar a establecer una normativa que siga los pasos de otros países. No hay prohibición ni regulación de juegos de azar online, pero hay muchos modelos en los que inspirarse, y el de España podría ser uno de ellos. Este país europeo instauró una nueva Ley de Regulación del Juego entre 2022 y 2023 que asentó unas bases sólidas y ejemplares.

Por supuesto que sería viable. La principal ventaja que supone frente a la legislación actual es que sí permite la apertura de casinos en su territorio, aunque deben cumplir una serie de normas. Para evitar problemas entre públicos de diferentes edades, las casas de apuestas y casinos no pueden permitir el acceso a sus establecimientos y/o webs a menores de edad, por lo que deben establecer sistemas que permitan verificar la edad de sus usuarios. Asimismo, deben garantizar el uso de sistemas de cifrado y seguridad que protejan la privacidad de los jugadores y, al mismo tiempo, sistemas seguros de pago. 

Esos son los pilares de esta regulación, que dio un giro de tuerca en los últimos años para evitar la presencia masiva de estas plataformas. Cualquiera de los casinos de Legalbet cumple estas leyes actualmente, y eso garantiza no solo su capacidad para operar, sino también una calidad que inspira confianza a los jugadores. Extrapolando esto a territorio ecuatoriano, serviría para que los jugadores puedan disfrutar de plataformas de juego sin tener que recurrir a herramientas con las que acceder a plataformas externas, y con la certeza y tranquilidad de saber que se mueven en entornos adaptados al país. 

Otros aspectos muy importantes de la ley del juego de España son la elaboración de un registro de personas que hayan incurrido en posibles fraudes al jugar, la restricción de horarios para la publicidad de las plataformas de juego y el endurecimiento de las sanciones económicas, con un rango de entre 150 y 1’000.000 de euros (entre 162 y 1’084.000 dólares aproximadamente) para empresas que no cumplan sus normas. 

Existen otras leyes internacionales que también pueden servir de referencia, pero lo cierto es que la Ley de Regulación del Juego española se convirtió en un modelo seguido en varias partes del mundo. Su afán por proteger a los consumidores, sobre todo a menores de edad, frente a la exposición de las apuestas, y el refuerzo de la seguridad para garantizar un entorno fiable y profesional a los jugadores son los aspectos más destacables de esta. ¿Se seguirán los mismos pasos en Ecuador?

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